Aunque los repartidores de alimentos que se emplean a través de aplicaciones digitales han desempeñado un papel relevante durante la pandemia, las condiciones laborales para cientos de ellos son precarias. Obtienen un ingreso promedio de 300 pesos por jornadas de 10 horas al día, carecen de seguridad social, quedan vulnerables frente a accidentes viales y, en el caso de las mujeres, en ocasiones llegan a ser víctimas de abusos sexuales de los clientes, según sus testimonios.
Trabajadores de plataformas como Rappi, Uber Eats y Didi Food señalaron que para laborar allí deben darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y posteriormente proporcionar el RFC a la aplicación digital para que las empresas les retengan el impuesto sobre la renta (ISR).
De acuerdo con las disposiciones del SAT, en 2020 la tasa de retención era en función del monto del ingreso mensual de estos trabajadores, pero con el nuevo esquema que entró en vigor a partir de 2021 se fijó una tasa única de 2.1 por ciento.
Sin embargo, en el caso de Uber Eats las entregas que se realizan tienen dos retenciones: 8 por ciento de IVA y de 3 a 9 por ciento de ISR, dependiendo del monto de las ganancias.
“Esta cantidad será entregada directamente al SAT para pagar estos dos impuestos” y así emitir el comprobante fiscal de retención respectivo, indica la empresa en su página de Internet.
Miguel Ángel, repartidor desde hace cinco años, comentó que ese impuesto equivale de “dos a cinco pesos en cada pedido que realizan los consumidores, además de un gravamen que se aplica al finalizar el mes”. Adicionalmente, deben pagar 25 pesos semanales por el uso de la aplicación para laborar.
Saúl Gómez, trabajador y vocero del movimiento Ni Un Repartidor Menos, consideró que las aplicaciones digitales “nunca pierden”, porque además de cobrarles una comisión a ellos, también lo hacen a los restaurantes, los cuales tienen que elevar precios para compensar las ganancias.
Ni la mochila
Los repartidores entrevistados comentaron que las empresas no proporcionan ningún insumo para poder laborar. Tan sólo la mochila donde depositan los alimentos la compran en alrededor de 500 pesos, además de que carecen de seguridad social.
El vocero del movimiento Ni Un Repartidor Menos –comunidad que surgió en 2018 a raíz del fallecimiento de un trabajador– explicó que cuentan con un seguro médico, sólo aplicable mientras estén en activo, entregando un pedido, y si el accidente no es de riesgo.
Si es de mayor gravedad, “las aseguradoras te piden asumir los costos médicos, te piden las facturas médicas y, si aplican sus términos y condiciones, recibes el rembolso de los gastos”.
Ese seguro tampoco cubre el daño de la bicicleta o moto con la que laboran si sufren algún percance.
Saúl añadió que a través de esa comunidad han detectado casos de repartidoras que han sufrido acoso e intentos de abuso sexual de algunos clientes. Refirió el caso de Ana, quien acudió a un departamento en Polanco y, al entregar el pedido, el comensal “la recibió desnudo”.
Por su parte, Miguel Ángel también indicó que, en medio de la pandemia por Covid-19, las empresas no se preocupan por los repartidores. Sólo “Didi Food asumió una responsabilidad y cada semana nos proporciona un kit de protección con guantes, gel antibacterial y cubrebocas”. Uber sólo rembolsa 50 por ciento del costo de esos materiales y Rappi se desentendió de tomar alguna medida sanitaria.
