La Paz. El ex presidente de Bolivia Evo Morales pidió ayer que se “investigue y sancione a los autores y cómplices” del gobierno de la ex mandataria de facto Jeanine Áñez, detenida por sedición, terrorismo y conspiración, por su papel en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

“Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de mil 500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado, que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, tuiteó Morales, sin referirse explícitamente a la detención de Áñez.

Por orden de la fiscalía, Áñez, abogada y política de derecha de 53 años, fue detenida la madrugada de ayer en el contexto de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, ex legisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales.

Áñez estaba escondida dentro del baúl interno de una cama, debajo del colchón, en la casa de familiares suyos en la ciudad de Trinidad, en la provincia de Cercado, cuando fue detenida por la policía. Posteriormente fue trasladada a La Paz.

Según la denuncia, Áñez, junto al dirigente de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, y varios ex ministros, ex militares, ex policías y civiles, promovió el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

La ex senadora remplazó de facto a Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, Luis Arce.

La ex presidenta golpista calificó de ilegal su aprehensión y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) el envío de misiones oficiales para verificar la “persecución política” de la que se considera objeto.

El propósito es que la OEA y la UE “evalúen de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos ex ministros, el viernes y la madrugada de este sábado”, escribió Áñez en una misiva.

El ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, aseguró que el gobierno de Arce no persigue políticamente a nadie y que, por el contrario, lo único que pretende es buscar la justicia de víctimas de violencia y persecución.

La ex senadora fue llevada a un cuartel de la policía en La Paz y luego trasladada a las dependencias de la fiscalía, donde se acogió a su derecho al silencio.

“Esto es un atropello; como ex mandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa tras ser regresada a celdas policiales.

Asimismo, los ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y Energías, Rodrigo Guzmán, también detenidos por este caso, se acogieron a su derecho a guardar silencio ante la fiscalía.

Se desconoce el paradero de otro acusado, Yerko Núñez, ex ministro de Presidencia, mientras los ex ministros de Defensa Luis Fernando López y de Gobierno Arturo Murillo, también imputados, han sido declarados prófugos tras huir a Estados Unidos.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, solicitó resolver las acusaciones contra Áñez y ex miembros de su gobierno “en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes” en su cuenta de Twitter.

Agregó que “diálogo y reconciliación son cruciales”, y aseguró que la UE “continuará apoyando a Bolivia”.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se manifestó en el mismo sentido al pedir que se “garantice el debido proceso” y la transparencia en los juicios que vendrán.

Estados Unidos pidió que se “preserven los derechos civiles y el debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”, señaló la Subsecretaria del Departamento de Estado, Julie Chung.

La Oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó la importancia “de que todo proceso se observe estrictamente” y recordó que toda persona cuente con “una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial”.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reconoció que en Bolivia hubo un golpe de Estado debido a la insubordinación de militares de las fuerzas armadas, quienes sugirieron a Morales que renunciara a su cargo; sin embargo, indicó que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido delito de terrorismo”, en entrevista con CNN.