Chihuahua, Chih., Un tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial Mina, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, dictó sentencia de 48 años de cárcel contra Feliciano Q. M. por los homicidios del líder rarámuri y defensor del bosque Julián Carrillo Martínez y de su hijo Víctor Carrillo Carrillo, cometidos el 24 de octubre de 2018 y en febrero de 2016, respectivamente.
El fallo fue dictado por los jueces Manuela Terrazas Solís, Lizbeth Alondra Chávez Jurado y Felipe de Jesús Medina Granados, además instruyeron a que el responsable efectué la reparación del daño a la familia de las víctimas, y en un acto público se haga el reconocimiento a Carrillo como defensor de derechos humanos y a la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen por la violencia que han sufrido por proteger su territorio. Durante el juicio contra el homicida material, Feliciano Q. M., se acreditó que se cometieron violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, porque el Estado falló en dar protección a sus autoridades y defensores, como Julián Carrillo.
Resolución histórica: ONG
Las organizaciones de derechos humanos Alianza Sierra Madre AC y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC que dan aseso-ría a los familiares de Julián Carrillo y acompañan a Coloradas de la Virgen en la defensa del bosque, calificaron la resolución como histórica y referente en el país, pues reconoce violaciones a la comunidad rarámuri, ordena la reparación integral con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, que contemplan a la localidad como víctima de los hechos. Carrillo Martínez era comisario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo y denunció a mestizos y pistoleros que se ostentan como propietarios de los bosques de la comunidad.
Sufrió amenazas y el asesinato de varios integrantes de su familia, por lo que se le incorporó junto a otros indígenas de la comunidad, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde febrero de 2014.
Antes de su crimen se documentaron y se hizo del conocimiento de las autoridades diferentes incidentes que atentaban contra su seguridad. Incluso en diciembre de 2016, en una de las solicitudes de ayuda que envió, Julián advertía que estaba en riesgo cada vez que subía al cerro en el que captaba la señal del teléfono satelital y las medidas otorgadas para protegerlo no fueron modificadas.
