Debido a que no se acreditó la estancia legal de 208 máquinas de juego y apuestas, personal del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT-BC), procedió a su embargo precautorio en el casino Caliente del Hipódromo, propiedad de Jorge Hank Rhon.

Lo anterior, luego de que el 11 de marzo se presentó en el Hipódromo de Agua Caliente un grupo de 21 auditores del SATBC con la indicación de revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales de máquinas de juego y apuestas, así como las finanzas de 26 empresas de Corporación Caliente.

Tras concluir el operativo el sábado, trabajadores transportaron las máquinas en diablitos hacia las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta ciudad fronteriza. A cada una se le colocó una hoja blanca con un folio.

La empresa de Hank Rhon, precandidato del Partido Encuentro Solidario al gobierno del estado, informó hace unos días sobre la auditoría, que estaba “abierta a los requerimientos de la autoridad federal, con la documentación en regla, tanto de equipos, máquinas de juego y demás propiedades sujetas a revisión”, dijo Eduardo Hernández Triana, director general.

Apuntó que Corporación Caliente atiende el llamado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, considerando que generamos 6 mil 537 empleos directos, por lo que sería una irresponsabilidad no cumplir de manera cabal con cada reglamentación que rige a la industria del juego, ya que el sustento de más de 26 mil mexicanos depende de nosotros”.

En el comunicado, el grupo especificó que está obligado a acatar toda la reglamentación de la Secretaría de Gobernación, del SAT y Secretaría de Economía, como entidades regulatorias del giro, “pues sólo por concepto de impuestos eroga 2 mil 300 millones de pesos por año”.

Caliente cuenta con 42 centros de apuestas en el país y agrupa a 26 empresas del ramo de los espectáculos. El imperio económico de Hank se basa en las apuestas y el equipo de futbol Xolos de Tijuana. El empresario fue obligado a pagar 36 millones de pesos por agua que el grupo adeudaba a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en el contexto de una serie de auditorías que el gobierno estatal realizó a decenas de empresas y cuyo resultado ha sido la recaudación de poco más de mil millones de pesos.

La cervecera Tecate, maquiladoras, hoteles y fraccionadores han tenido que pagar, muchos bajo protesta; incluso hay un grupo de amparos presentados ante el Poder Judicial.