El juez que otorgó la suspensión provisional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor el miércoles, “no tiene ni idea”, por lo que el gobierno de México acudirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para apelar la resolución, aseguró Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener).
La funcionaria señaló que las empresas generadoras de energía están en su derecho de ampararse contra las modificaciones que privilegian el despacho de energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, expresó que el juez segundo de distrito en materia administrativa no realizó ningún estudio económico ni analizó factores técnicos, por lo que otorgó la suspensión de facto 24 horas después que entró en vigor la ley.
“Por supuesto que nosotros vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez, porque podemos ser respetuosos del Poder Judicial, pero no del actuar de algunos de ellos que, en una forma visible, se muestra con un claro servicio al interés, ésa es la palabra. Algún interés”, dijo Nahle en declaraciones al programa de radio Aristegui Noticias.
Consideró que el juez actuó como si fuera una ventanilla única de recepción, por lo que al emitir un fallo en menos de 24 horas “habla de su profesionalismo”.
“¿Qué estudio tiene de competencia económica? ¿En qué se basó? ¿Qué estudio técnico? ¿Cuánto cuesta cada kilovatio, cuántas horas, la capacidad? Todo el tema técnico”, dijo. “No tiene ni idea el juez”, destacó Nahle García al señalar que la decisión fue tomada al vapor.
Detalló que el gobierno de México apelará la suspensión temporal otorgada por Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Respaldo de la IP
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la resolución y confió en que se confirme de manera definitiva en las siguientes semanas.
“Reconocemos la labor del Poder Judicial que confirma su independencia y que fortalece la división de poderes”, dijo el organismo del sector privado que es dirigido por José Medina Mora Icaza.
Confió que se confirmará la resolución a través de una suspensión definitiva en las próximas semanas, pues considera que las modificaciones provocan daños económicos y al medio ambiente.
Comentó que si bien la medida cautelar fue solicitada por una empresa que participa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), tiene efecto para todo el sector y da una ventaja competitiva frente a las demás participantes.
“Protege los derechos adquiridos y garantiza la libre competencia a favor de todos los mexicanos como usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, dijo.
Apuntó que para fortalecer al SEN y garantizar la transición de México a la producción de energías más accesibles y limpias para toda la población, es necesario que exista libre competencia en el mercado, así como condiciones claras para quienes deseen invertir y para quienes ya lo hicieron.