La Fiscalía de Bolivia emitió ayer órdenes de arresto contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez y cinco ex ministros de su gabinete por cargos de terrorismo, sedición y conspiración, debido a su papel en los actos de desestabilización que culminaron en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. También pesan órdenes de aprehensión sobre los perpetradores directos de la asonada, Vladimir Yuri Calderón, ex comandante de la policía boliviana, y Williams Kaliman, ex jefe de las fuerzas armadas, quienes exigieron la renuncia de Morales y forzaron al gobierno constitucional a dimitir.
Aunque la causa judicial sólo toca los delitos cometidos por éstos y otros personajes para derrocar al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y hacerse del poder, no puede olvidarse que en el ejercicio ilegítimo de sus funciones fueron responsables de toda suerte de atropellos contra la legalidad y contra el pueblo boliviano, que padeció a unas autoridades autoproclamadas con el único fin de imponer una vuelta al Estado oligárquico, racista, corrupto e incondicionalmente sumido a los dictados de Washington.
Precisamente, esa sumisión y la presteza en declarar a Bolivia territorio abierto al expolio de las trasnacionales mineras y energéticas, explican el vergonzoso respaldo que gobiernos y medios de comunicación occidentales ofrecieron a Áñez y sus secuaces, a quienes se siguen refiriendo como “gobierno de transición”. Ese apoyo foráneo contrastó en todo momento con la determinación de los bolivianos para recuperar su soberanía y defender los logros de casi tres lustros de políticas progresistas, empeño en el que chocaron con la brutal represión de los golpistas, calificada como “masacre” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que la saña contra los manifestantes dejara 19 muertos en cuatro días.
El contundente triunfo de Luis Arce en los comicios presidenciales de octubre pasado refrendó el apoyo mayoritario al proyecto del MAS, y probó de manera incontestable el carácter espurio de las revueltas con que la derecha intentó instalar la versión de un fraude electoral a favor de Morales en 2019. Tras salir ileso de un atentado contra su casa de campaña y asumir la jefatura de Estado, Arce ha emprendido la ardua reconstrucción de un país asolado por un gobierno antipopular y corrupto, más ocupado en el saqueo de los bienes nacionales que en la organización de la nación ante desafíos como la actual pandemia.
El éxito de esta nueva etapa del masismo depende en buena medida de la restauración completa del orden constitucional y el Estado de derecho, una tarea que exige llevar ante la justicia a todos los implicados en la asonada contra Morales, así como en la integración de un gobierno ilegal y en la represión y la persecución política mediante los cuales se sostuvo el régimen de facto. Por ello, cabe esperar que prosperen las causas abiertas a Áñez y sus cómplices, de modo que la sanción disuada a quienes en un futuro pretendan tomar por la fuerza lo que no les otorgaron las urnas.
