Habrá que felicitar al “desinteresado” juez federal Juan Pablo Gómez Fierro (“especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones” y, por lo visto, en proteger a la minoría rapaz) por su grado de excelencia en lectura dinámica, pues en menos de 24 horas no sólo revisó y analizó a detalle las modificaciones legales aprobadas por el Congreso en materia eléctrica, sino que de inmediato amparó a dos empresas privadas contra tales cambios y de un plumazo universalizó su decisión.
El primero en saludar la expedita decisión de dicho juez fue el mismísimo Presidente de la República, promotor de los citados cambios legales, quien en la mañanera de ayer le envió un atento mensaje: “vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética (de Peña Nieto) para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional”.
Cierto, “sería el colmo”, sí, pero lo es, porque están al servicio de los particulares, y de ello han dado sobrados ejemplos, tanto a nivel de protección a los corporativos como a los delincuentes de cuello blanco. La industria del amparo es muy redituable para ambas partes: aquellos que pagan por obtener uno y los que cobran por otorgarlos.
López Obrador reiteró que con los cambios a la ley “no estamos cancelando la reforma energética, sino procurando quitarle las aristas más filosas, lo que más daña. Y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos; antes se los permitían, ahora ya no. Entonces, vamos a estar defendiendo este punto”.
En este sentido, días atrás el propio mandatario detalló que el mercado eléctrico en el país “está muy concentrado: básicamente son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué, si en España tienes un margen de utilidad de 15 por ciento, aquí va a ser de 150 por ciento?; se ha hecho un cálculo general de que la CFE ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos”.
Así es: 300 mil millones de pesos de más por contratos leoninos, pero a jueces como Gómez Fierro el atraco a la nación les tiene sin cuidado. Lo suyo es la muy productiva industria del amparo y siempre están al servicio de la oligarquía. De hecho, al aprobarse la depredadora “reforma” energética de Peña Nieto, y más atrás las modificaciones impulsadas por otros inquilinos de Los Pinos (de Salinas a Calderón), este tipo de “servidores públicos” aplaudieron a rabiar la descarada entrega de los bienes nacionales a los particulares, en condiciones verdaderamente dañinas para el país.
López Obrador lo dijo claramente: “están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es que estaban abusando, vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio, ellos fueron beneficiados con contratos leoninos, acuerdos que se hacen con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional, que desde luego tiene facultades y puede hacer legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares; entonces, firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras. El ejemplo más claro, vergonzoso y humillante es el de Iberdrola, una empresa eléctrica española que de manera gansteril se lleva a trabajar a la secretaria de Energía del gobierno federal, la señora Kessel; no sólo eso, incorpora a su consejo de administración a Calderón. Es una falta de respeto al pueblo de México, una vergüenza”.
Las rebanadas del pastel:
Por mucho que algunos supongan que la denuncia sobre las cuentas de la familia Beltrones en Andorra tiene “un sesgo electoral para dañar al PRI” (Osorio Chong dixit), el hecho es que los depósitos multimillonarios existen y las justificaciones sobre su procedencia no alcanzan.
