La reunión entre Morena, PVEM y PT para resolver la alianza electoral para la capital concluyó anoche sin acuerdos. El primero busca refrendar la mayoría que obtuvo en el Congreso de la Ciudad de México en la pasada elección, al contender en coalición con el PT y el PES.
Trascendió que se analiza en esta elección establecer candidaturas comunes en alcaldías y distritos que generen condiciones reales para ganar la votación; si bien se informó que hay un avance sustancial con el PT, falta establecer acuerdos con el Verde Ecologista en un marco de actuación conjunta y respeto en favor de la Cuarta Transformación.
Por la mañana, Rigoberto Salgado Vázquez, diputado de Morena, presentó una denuncia contra el dirigente local del PVEM, Jesús Sesma Suárez, por declaraciones en las que lo acusó de estar vinculado con el crimen organizado, de amenazar a militantes del Verde en la alcaldía Tláhuac y hacerlo responsable de posibles agresiones.
En el escrito que presentó ayer ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, el legislador señala una publicación de Sesma en Facebook que dice: “Hay un sujeto llamado Rigoberto que es diputado y está coludido con el crimen organizado y pretende relegirse”.
Generó también animadversión a una posible alianza del PVEM entre legisladores locales de Morena el grupo de ex delegados y ex asambleístas del PRD, que presentó el jueves como posibles candidatos, donde figura Elizabeth Mateos, a la que si bien se dio la bienvenida, aparece en su estructura desde 2020 como secretaria de Asuntos Electorales y en su paso por la Asamblea Legislativa destacó por sus constantes ataques al partido gobernante y al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte, el PRI en el Congreso local solicitó la reincorporación de Edna María Gutiérrez Rodríguez a sus funciones como diputada, quien al siguiente día de instalada la Legislatura solicitó licencia para dejar la diputación a su suplente Sandra Esther Vaca Cortés.
Vaca –quien es también precandidata de la coalición PRI-PAN-PRD para una diputación federal– se ausentó de los trabajos del Congreso desde el pasado martes al conocerse que la Fiscalía General de Justicia capitalina obtuvo del juez una orden de aprehensión en su contra y del ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los delitos de explotación sexual, publicidad engañosa y asociación delictuosa.
El artículo 38 de la Constitución Política del país señala que los derechos políticos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia, desde el momento en que se dicta la orden de aprehensión.