Para detener los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México, una de las principales herramientas que tiene el gobierno del país es mostrar la suficiente voluntad política para investigar los ataques y acabar con la impunidad, así como fortalecer el Mecanismo de Protección de comunicadores y activistas, señaló la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en esta materia, Mary Lawlor.
Al participar ayer en un conversatorio virtual organizado por diversos colectivos nacionales e internacionales, la experta reiteró algunos de los hallazgos más importantes de un estudio que presentó recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos que en México fueron asesinados 151 defensores civiles tan sólo entre 2015 y 2019.
Lawlor apuntó que la voluntad política “es el corazón” de la estrategia para erradicar la violencia en contra de las personas defensoras, pues sin ella no se pueden acatar las recomendaciones y sentencias que ha recibido el Estado mexicano en este tema.
Luego de comprometerse a llevar las observaciones de los organismos civiles ante el gobierno del país y otros actores “de gran influencia”, la experta consideró que las embajadas de los países de la Unión Europea en México podrían tener un rol más activo en la documentación de ataques contra activistas, y en posicionar la idea de que dicho gremio “es un aliado y no un enemigo” de las autoridades.
En 2020 fueron asesinados 19 activistas en el país
Por su parte, Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de la organización Front Line Defenders, destacó que el año pasado fueron asesinadas en México 19 personas defensoras (15 hombres y cuatro mujeres, tres de ellas transexuales), lo que convierte al país en el cuarto más peligroso del mundo en este terreno.
Asimismo, recordó que 14 de las víctimas defendían los derechos de las comunidades a la tierra y el territorio, lo que convierte a los activistas que trabajan en este tema como el grupo más vulnerable, junto con quienes protegen los derechos de los pueblos indígenas. En ese contexto, llamó a cesar los “discursos estigmatizantes” contra este gremio.
Miguel Zumalacárregui, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, coincidió en que hay un “grave patrón de criminalización” en contra de las y los defensores de derechos humanos en México, que lleva no sólo a asesinatos, sino también a múltiples detenciones arbitrarias y acoso judicial, que genera desgaste en los activistas involucrados y en muchas ocasiones los aparta de su labor de manera definitiva.
