![La suspensión a los efectos del decreto que modifica la Ley de la Industria Eléctrica no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio, explicó el juez Juan Pablo Gómez Fierro en su sentencia.](https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/fotos/021o1eco-1.jpg)
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![La suspensión a los efectos del decreto que modifica la Ley de la Industria Eléctrica no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio, explicó el juez Juan Pablo Gómez Fierro en su sentencia.](https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/fotos/021o1eco-1.jpg)
viernes 12 de marzo de 2021 , p. 21
Lo dicho: todo cabe en un amparo sabiéndolo comprar, y los consorcios privados participantes en el mercado de la energía eléctrica simplemente seleccionaron un juez a modo, llegaron a un acuerdo (es obvio de qué tipo) y de inmediato obtuvieron la “protección de la justicia” para que las recientes modificaciones a la ley respectiva no alteren su “plan de negocios”, que no es otro que la succión permanente y abundante de los recursos de la nación, gracias a la “libre competencia” que les garantizaron los gobiernos neoliberales.
Apenas el pasado miércoles entraron en vigor las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica (cambios promovidos por el presidente López Obrador y aprobados por las cámaras de Diputados y de Senadores), y 24 horas después –ayer– un juez federal (Juan Pablo Gómez Fierro, “especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones”) otorgó los primeros amparos a empresas particulares para que tales modificaciones no las toquen ni con el pétalo de un rosa. Así, más tardaron los poderes Ejecutivo y Legislativo en armar, presentar, discutir y autorizar dichas modificaciones que un solo juez en echar todo para atrás, de un plumazo y en cuestión de horas, para proteger los intereses de solo ¡¡¡dos!!! consorcios privados.
A Gómez Fierro –integrante de la aceitada maquinaria neoliberal que “defiende la libre competencia”– le tiene sin cuidado el daño que provoque a la nación, porque otros son los “factores” que le interesan. Sobran ejemplos de ese tipo de “resoluciones” maiceadas, y los delincuentes de cuello blanco lo saben perfectamente, pero nunca está de más destacar que la supuesta “procuración de justicia” es un estercolero, al servicio de los grupos oligopólicos, a la vez que lucrativa industria sin chimeneas que a todo le pone precio, sin importar a quién se lleve entre las patas.
La Jornada lo reseñó así: “la medida cautelar es para efecto de suspender todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. El juez indicó que a pesar de que solamente dos empresas solicitaron el recurso, el efecto de las suspensiones será general. Consideró que otorgar la suspensión a un particular no sólo daría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en el mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, porque las citadas modificaciones “podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico”.
Como ahora todos son ecologistas de ocasión, el citado juez asegura que los mencionados cambios legales “producirían daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales y desincentivan la producción de energías limpias. La finalidad de la reforma energética (la de Peña Nieto, claro está) y de las normas que derivaron de ésta, era la de establecer un nuevo modelo que permitiera garantizar la competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico, con el objeto de obtener las mejores condiciones en la generación y el abasto de electricidad a precios competitivos, en beneficio de la población en general”, y aduce razones de “libre competencia” para justificar su decisión.
Pues bien, el discurso de Gómez Fierro sólo repite el banal discurso de los “defensores de la libre competencia” en las cámaras de Diputados y Senadores a la hora de votar la iniciativa preferente del presidente López Obrador, es decir, la perorata de quienes sin decoro alguno recibieron multimillonarios moches para aprobar la “reforma” peñanietista en materia energética.
Entonces, ¿obtener multimillonarios subsidios del erario y desangrar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de las empresas privadas es sinónimo de “libre competencia”? ¿Saquear al país es igual a ser “competitivos”? ¿Amerita que la “justicia” congele todo, porque apenas dos empresas privadas lo solicitaron? ¿En serio?
Las rebanadas del pastel
Si de buitres se trata, las mineras canadienses se frotan las manos, porque en su radar ya está el litio mexicano.