El litigio por daño moral entre el abogado Paulo Jenaro Díez Gargari y José Andrés de Oteyza Fernández, ex directivo de OHL, será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el empresario pidió revisar la sentencia en su contra emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) desde 2017.

El caso surgió a raíz de la disputa legal que Infraiber, representada por Díez Gargari, emprendió contra OHL por el incumplimiento de contratos de diversas obras ­públicas.

En mayo de 2015, durante una entrevista de radio sobre este asunto, De Oteyza llamó a Díez “chantajista y extorsionador”. En respuesta el abogado lo demandó por daño moral, ante un juzgado civil de la capital del país.

De Oteyza, también secretario de Estado durante el gobierno de José López Portillo, fue destituido de la presidencia del consejo de administración de OHL, pero el litigio continuó.

Dos años después, la octava sala civil del TSJCDMX emitió un fallo condenando a “José Andrés de Oteyza Fernández a la reparación del daño moral ocasionado a Díez Gargari, Paulo Jenaro; la que se cuantificará en ejecución de sentencia en términos de lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil”.

En contra de este fallo, interpuso un amparo, alegando que Díez era una figura pública y, por tanto, debería tolerar un mayor grado de intromisión en su vida privada; sin embargo, su juicio fue negado por un tribunal colegiado.

Inconforme con esta decisión, De Oteyza pidió a la SCJN que revisara el caso, petición que está siendo estudiada por la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Entrevistado al respecto, Díez Gargari criticó la decisión de darle entrada al amparo, luego de que un colegiado falló en contra de De Oteyza.

“Increíblemente, la primera sala aceptó conocer del asunto”, señaló, y agregó que esto revela que el ex funcionario “sigue teniendo ­influencias”.

Agregó que, si la SCJN resuelve conforme a derecho, tendría que confirmar el fallo contra De Oteyza, a quien le exige, indicó, una reparación económica del daño moral causado pero, ante todo, una disculpa pública.