En el país, las leyes para proteger los derechos a la salud y al medio ambiente sano ante los plaguicidas, están atomizadas y tienen vacíos. La ley General de Salud, el principal instrumento para regular estas sustancias, no tiene reglamentos ni normas y está sesgada. Parece que se trabaja “con legislación hecha de palillos para enfrentar problemas enormes” por el uso de estos químicos, sostuvo Jacqueline García del Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo.

Explicó que además se tiene la ley ambiental o la de sanidad vegetal, pero no hay legislación que defina límites máximos de residuos permisibles en alimentos y no hay protección a los trabajadores agrícolas, así “la industria se ha extendido y afecta ecosistemas”. Se requiere una ley de plaguicidas con la información actualizada y que tome en cuenta las consideraciones de principio precautorio.

Durante el foro Causas y consecuencias del uso indiscriminado de plaguicidas en México, organizado por Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, Omar Arellano de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, advirtió que no se ve una política clara para responder a la sociedad ante el problema grave del manejo de sustancias químicas, debido a la influencia de empresas trasnacionales que venden productos que ya se retiraron para su uso en la Unión Europea y Estados Unidos.

Sostuvo que los agroindustriales en México sólo ven la competencia y producción de exportación, pero la nación no puede soportar cultivos como el aguacate, por ejemplo, para cubrir todo el mercado internacional, el territorio no da para ello.

Por su parte, Fernando Bejarano de la Red de Acción sobre Plaguicidas, sostuvo que tenían identificados 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos, que pueden tener efectos crónicos a la salud y al medio ambiente, en el último reporte que la organización pronto publicará son alrededor de 200, ya que en los últimos años se dio una autorización acelerada de ellos. Consideró que el decreto que define la vía para la eliminación del uso de glifosato marca una voluntad política y una ruta, pero si no se lleva a la práctica, no provocará un cambio.

A su vez, Viridiana Lázaro, de Greenpeace, señaló que 65 por ciento del mercado de agrotóxicos lo controlan transnacionales, intereses económicos que se quieren anteponer ante la salud y el derecho público. Los consumidores y productores deben tener el control del sistema alimentario, no las corporaciones, exigió.