Carlos Salinas de Gortari justificó la privatización de numerosas empresas públicas señalando que era injusto tener un Estado rico con un pueblo pobre. Y así el pueblo pobre se tradujo en un puñado de empresarios. Uno de ellos se quedó con Teléfonos de México y pudo convertirse, de repente, en el hombre más rico del mundo. ¿Nada le ha quedado de tal transa-cción al privatizador?
Los mexicanos podemos tener en el derecho a la sospecha un instrumento legítimo. Lo podemos basar en la experiencia histórica. Una experiencia que se sistematizó con los gobiernos civiles, medio siglo atrás del mandato salinista. A cada ventaja ofrecida por el gobierno a un empresario o grupo de empresarios resultaban beneficios privados no sólo para los abiertamente beneficiados, sino para el mandatario y su familia.
Miguel Alemán, después de una exploración por los sistemas televisivos de Europa y Estados Unidos, concluyó que el sistema de la televisión privada de Estados Unidos era el que mejor convenía para México. No fue por azar que Miguel, su hijo, llegara a ser vicepresidente y presidente ejecutivo de Televisa, la empresa paraoficial que por décadas monopolizó, prácticamente, el espectro televisivo del país.
Los presidentes mexicanos se fueron convirtiendo, cada vez más acentuadamente, en empresarios privados que gozaron del apoyo de sus predecesores y del régimen. Su doble camiseta la usaron no para fortalecer el ámbito público del país, sino su patrimonio personal y el de su familia.
Conocido y también marginado de la mirada política y noticiosa es el episodio en que los hijastros del presidente Vicente Fox se vieron envueltos en maniobras ilícitas a través de la empresa naviera Oceanografía. La Cámara de Diputados creó en el sexenio de Calderón una comisión especial para investigar el caso. Sus labores la condujeron a señalar a los hermanos Bribiesca Sahagún como responsables de diversos delitos: tráfico de influencias atribuible a Marta Sahagún ante Pemex, el infalible punto de venta, compra, fraude, dispendio y abuso a manos llenas de funcionarios de todos los niveles, empezando por el Presidente de la República; información privilegiada que, todos debieran saber, se sanciona; delitos fiscales, entre ellos evasión fraudulenta de impuestos, y dudoso origen de los recursos económicos operados por los Bribiesca.
Las bancadas de PAN y PRI votaron para dar carpetazo a la investigación. En ambos partidos se sabía que destapar una de las lesiones económicas a Pemex era dejar al descubierto no sólo a un presidente –Fox–, sino a sus predecesores. Si se habían aliado para evitar que llegara Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, ¿por qué no iban a extender su complicidad a la gestión de uno de los principales de la alianza?
El insuficientemente regulado presidencialismo mexicano permitió a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto disponer del patrimonio público para hacer componendas y negocios sucios con el hemisferio privado del Estado.
Negocio sucio es privatizar los ferrocarriles antes nacionales, y luego de dejar la Presidencia, como hizo Zedillo, pasar a ser miembro del consejo de administración de la Union Pacific; no un simple asesor de consejos similares de otras diversas empresas trasnacionales a las que también ha servido, sino un accionista de la empresa a la que él vendió bienes de los que despojó a la nación.
Sucio igualmente fue inhibir la capacidad energética del país, por decisión de Felipe Calderón, para ofrecer contratos leoninos –por decir lo menos– a la trasnacional Iberdrola, denunciada por soborno. Más tarde, Calderón asumiría como miembro del consejo de administración de Avantgrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos. Calderón continuó, además, la privatización de nuestras más grandes minas de oro y plata cuya extracción significó en sólo 10 años de este siglo, como ha publicado La Jornada en diversas ocasiones, el doble de lo que se extrajo de esos metales durante la colonia (ver México SA, 8/3/21).
Finalmente, Peña Nieto. Chiste fue lo de la casa blanca. La reforma energética impulsada por él, mediante el siniestro pacto PRI-PAN-PRD, implicó el reparto de miles de millones de pesos para que el Poder Legislativo aprobara la reforma constitucional a las leyes en la materia. Las concesiones a empresas nacionales y extranjeras terminaron por desnudar al país de su soberanía energética. Una traición de graves consecuencias que sus beneficiarios y seguidores, con hiperbólicos aspavientos mediáticos, intelectuales y empresariales han querido impedir que se revierta atacando, por donde pueden, al gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador. Y a cualquier mención suya sobre el pasado, de donde vienen nuestros males de mayor calibre, le exigen que no se escude en él. Sobre todo, cuando denuncia sus casos más gruesos.
El capitalismo encontró un perfecto modus operandi en la corrupción entre inversionistas y funcionarios públicos de México. Sus protagonistas necesitan que vuelva. Les urge. Y comprarán todo lo mediática y electoralmente comprable para que vuelva rebosante.
