El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, inició un juicio de amparo para impugnar tanto el Presupuesto de Egresos de este año como el manual de remuneraciones de los servidores públicos. En la demanda tramitada el pasado 8 de marzo, Córdova impugnó jurídicamente la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, así como los acuerdos signados por el Consejo General del organismo que preside para acatar la decisión del Legislativo, incluyendo la aprobación del manual de remuneraciones para servidores públicos de mando y la actualización de los tabuladores de sueldos. Por otra parte, el funcionario solicitó la suspensión contra la integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de delitos federales con la denominación del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos o por la probable comisión de faltas administrativas previstas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En suma, el presidente de la autoridad electoral busca anular la distribución presupuestal establecida por el Legislativo con base en las capacidades financieras del Estado y las prioridades nacionales, a la vez que se protege contra las consecuencias de sus actos de desacato. La presentación de estas impugnaciones es la última de una serie de acciones emprendidas por los altos funcionarios de diversos órganos autónomos para continuar ejerciendo recursos con el dispendio y la opacidad que los han caracterizado.
En el caso del INE, tal actitud resulta deplorable no sólo porque le resta legitimidad de cara a la ciudadanía a una de las instituciones que más deben velar por su imagen pública y por la confianza depositada en su labor, sino porque contrasta con una persistente pobreza de resultados. Mientras el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales lo ha clasificado como el órgano autónomo más oneroso en gasto por empleado, hasta ahora el INE –y su antecesor, el IFE– no ha cumplido su mandato de garantizar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia en los procesos electorales que organiza.
En efecto, además de las incontables irregularidades que han distorsionado la voluntad popular en elecciones locales, los comicios presidenciales de 2006 y 2012 se convirtieron en repertorios de desaseo hasta el punto de poner en duda los resultados oficiales, ya fuera por la forma en que se efectuó el conteo de los sufragios o por las coacciones ejercidas para determinar su sentido. En 2018, si bien la contundencia de la votación no dejó lugar a dudas acerca de las preferencias ciudadanas, tampoco estuvieron ausentes todo tipo de malas prácticas, y éstas se repitieron en los más recientes comicios, que tuvieron lugar en Hidalgo y Coahuila en octubre pasado.
La impugnación del manual de remuneraciones y la actualización de los tabuladores de sueldos confirma que los amparos presentados poco tienen que ver con la salvaguarda de la viabilidad institucional, y mucho con el empeño de los altos funcionarios por defender emolumentos desproporcionados y ofensivos en un país cuya población mayoritaria padece graves carencias. Si es difícil justificar el presupuesto operativo del INE a la luz de su ineficacia, parece en todo punto imposible explicar que sus directivos reciban salarios 66 veces mayores a lo que perciben en promedio 59 por ciento de los mexicanos más pobres, y 12 veces superiores al PIB per cápita nacional. La defensa de semejante despropósito revela, valga el oxímoron, la existencia de una concepción aristocrática de la vida republicana y constituye una impudicia que no sirve a la imagen de la autoridad electoral ni puede ser ejemplo para un país cuyos ciudadanos han manifestado la determinación de luchar contra la corrupción y el privilegio.
