Barcelona. La ex funcionaria independentista catalana Meritxell Serret se entregó este jueves al Tribunal Supremo de España, tres años después de huir a Bélgica junto con otros aliados que encabezaron el fallido intento de secesión de Cataluña.

Un comunicado emitido por el juez Pablo Llarena decía que Serret quedó en libertad sin fianza tras entregarse en la corte con sede en Madrid luego de regresar a España desde Bruselas, donde residía desde octubre de 2017. Llarena fijó una audiencia para interrogar a Serret para el 8 de abril.

La ex consejera del gobierno catalán, de 45 años, huyó a Bélgica en 2017 junto con otros miembros del gobierno regional, incluido el presidente catalán Carles Puigdemont tras un fallido intento de independencia.

“Pensamos que era el mejor momento de dar ese paso y lanzar el mensaje de que seguimos, y buscar soluciones políticas a conflictos políticos”, dijo Serret al salir de la corte.

La ex jefa de Agricultura de Cataluña enfrenta cargos de desobediencia y malversación de fondos públicos, aunque Llarena dijo que hasta ahora las investigaciones no la han vinculado con irregularidades financieras.

Si es declarada culpable de desobedecer las órdenes judiciales explícitas de no proceder con el proceso separatista, enfrentaría a una multa y se le prohibiría ocupar un cargo público hasta por dos años.

Cuando Puigdemont huyó de España en octubre de 2017, lo acompañaron Serret y otros seis miembros del gobierno catalán. Tres de ellos regresaron poco después a España, donde fueron juzgados y declarados culpables en un juicio en 2019 junto con otros líderes separatistas que permanecieron en el país.

Serret es la primera separatista de alto perfil que regresa desde entonces.

Hace unos días, Puigdemont, junto con los ex ministros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí, fueron despojados de su inmunidad como legisladores europeos tras una votación del Parlamento Europeo, donde obtuvieron escaños en 2019.

Puigdemont se niega a regresar a España alegando que no podría obtener un juicio justo.

Las encuestas muestran que los 7,5 millones de habitantes de Cataluña están divididos en el tema de la independencia.