Bucaramanga. La institución de ciencias forenses de Colombia aún trabaja en la identificación de 10 personas abatidas en una operación militar el 2 de marzo contra las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En paralelo, familiares de menores desaparecidos por esas fechas y otras voces señalan que entre las víctimas estarían sus seres queridos.
“Un equipo interdisciplinario, conformado por médicos forenses y otros especialistas, asumió la necropsia y el proceso de identificación de los cuerpos. Las labores científicas continúan y los resultados serán informados al fiscal del caso cuando se tenga plena certeza sobre las identidades”, indicó ayer en un comunicado el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El instituto no confirmó las edades de los fallecidos y desmintió versiones difundidas en medios locales de que entre los muertos habría una menor de 16 años y nueve personas de entre 19 y 39 años.
Hollman Morris, periodista y ex concejal de Bogotá, advirtió en horas recientes que varias familias buscan a sus hijos menores de edad, 14 en total, que desaparecieron hace unos días y habrían muerto después durante el bombardeo del ejército en el municipio de Calamar, en el sureño departamento del Guaviare.
“Desde hace dos días las familias se han acercado a Medicina Legal de Villavicencio (Meta) y hasta ayer les dijeron que había unos cuerpos que eran de sus hijos. Es ahí cuando yo confirmo la información de que hay menores de edad, por medio de un defensor de derechos humanos que me habla frente a la cámara”, aseguró Morris.
Morris se refirió a la entrevista que la noche del martes le concedió el activista Edilberto Daza, quien asegura que ocho familias buscan a los menores, de las cuales tres “han encontrado los cuerpos en Medicina Legal”. La operación militar se realizó contra Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, jefe de un grupo disidente de las FARC, después de abandonar el acuerdo de paz que el gobierno firmó con la guerrilla en 2016.
“Tenemos a un terrorista como Gentil Duarte, que ha preparado jóvenes, máquinas de guerra, que atentan contra la sociedad colombiana, que cometen actividades de narcotráfico y actividades terroristas. En el caso del reclutamiento son víctimas que desafortunadamente se convierten en máquinas de guerra”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano, a RCN Radio.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, explicó en un video que lo dicho por el ministro carece de sustento legal y calificó el hecho de “crimen de guerra”. “A la luz del derecho internacional humanitario es una operación de aniquilamiento, lo que está prohibido”, agregó.
