Nueva York. Joe Biden obtuvo el triunfo legislativo más grande de su presidencia con la aprobación en el Congreso de uno de los programas federales de asistencia económica y social más grandes desde la Gran Depresión, mientras se impulsan reformas electorales, migratorias, laborales y del sistema de justicia, entre otras, que buscan rescatar partes de esta democracia dañada durante las décadas pasadas por proyectos neoliberales y los años recientes por un agenda ultraderechista.

El llamado Plan de Rescate de Estados Unidos, con un total de casi 1.9 billones de dólares, calificado por la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, de “uno de los proyectos de ley más progresistas en la historia estadunidense”, será promulgado ley por Biden el viernes.

El plan de apoyo y estímulo económico otorga una serie de pagos directos de hasta mil 400 dólares a 85 por ciento de los hogares estadunidenses, extiende pagos federales de desempleo de 300 por semana hasta septiembre, ofrece miles de millones de dólares para gobiernos estatales y locales con el fin de mantener servicios y proyectos de infraestructura, así como para la distribución de vacunas anti-Covid, fondos para reabrir escuelas públicas, asistencia a pequeños comercios –incluyendo restaurantes– y apoyo para subsidiar los costos de vivienda.

Según algunos cálculos, estas medidas podrían reducir la pobreza en un tercio y potencialmente a la mitad entre los menores de edad.

Biden festejó la aprobación declarando que “esta legislación se trata de dar una oportunidad real a la columna vertebral de esta nación: los trabajadores esenciales, la gente trabajadora que construyó este país, la gente que lo mantiene funcionando”.

El senador Bernie Sanders festejó la aprobación de “la legislación más significativa para familias trabajadores en la historia moderna de la nación”, y señaló que el trabajo de fuerzas políticas progresistas fue clave en obtener este triunfo. Aunque la ley no recibió ni un solo voto de legisladores republicanos, encuestas recientes indican el apoyo por una gran mayoría de los ciudadanos –hasta 70 por ciento, según Pew Research Center–, incluyendo a una mayoría de republicanos.

La iniciativa ya es parte de la batalla electoral, con demócratas acusando que ni un solo republicano votó a favor de apoyar a los trabajadores, las escuelas y el acceso a salud.

Por su parte, los republicanos atacaron la propuesta como un gasto exagerado y partidista. “Esta no es una legislación de rescate, no es de alivio: esto es una lista de prioridades del ala izquierda que anteceden la pandemia”, acusó el líder de la minoría republicana de la cámara baja, Kevin McCarthy.

Más allá del plan de rescate, los demócratas están impulsado un abanico de iniciativas para reformar varios rubros de la vida nacional, casi todas en respuesta a las presiones de diversos movimientos sociales que han estallado en los años recientes y con ello han cambiado el debate político tanto a escalas estatal como nacional.

Un proyecto se llama Ley por el Pueblo de 2021, que considera una reforma profunda del sistema electoral, desde acceso al voto hasta el financiamiento de los comicios, y sobre todo busca anular los intentos incesantes de fuerzas republicanas financiadas por multimillonarios conservadores para limitar y suprimir el voto.

Este semana, la cámara baja aprobó un proyecto de ley que promueve una amplia reforma para proteger “el derecho a la organización laboral” y fomentar la sindicalización. A la vez, hay iniciativas para elevar el salario mínimo de 7.25 por hora a 15 dólares, también fruto de un movimiento de años recientes.

Igualmente se impulsa un proyecto para reformar ciertos aspectos de normas para la policía y rendimiento de cuentas de sus acciones, iniciativa que es una respuesta, aún muy parcial según algunos activistas, a las movilizaciones masivas de Black Lives Matter. Por otro lado, se promueven iniciativas para construir la “economía verde” y combatir el cambio climático.

Biden anunció en su primer día un proyecto de reforma migratoria integral, y como parte de ello se impulsan leyes para otorgar vías de legalización permanentes para dreamers y jornaleros agrícolas, entre otros.

El Senado, en tanto, ratificó ayer al juez Merrick Garland como próximo procurador general del país, quien promoverá las promesas de Biden para impulsar reformas en el sistema de justicia, como restaurar la integridad del Departamento de Justicia después de los daños que sufrió bajo Donald Trump.

Este jueves se cumplen 50 días de que Biden llegó a la Casa Blanca, y algunos sectores progresistas advierten que, aun con este primer triunfo, se tendrá que continuar presionado al nuevo gobierno a cumplir con las demandas sociales que lo llevaron al poder y enfrentar la oposición republicana a estas y otras reformas.