Un cambio de valores sembrado en la pandemia es la universalidad o el derecho igual de todas/ os. Es un concepto básico en el actual gobierno que se está aplicando particularmente en la política social. La universalidad es un derecho de los individuos, pero es, ante todo, una expresión de las garantías colectivas o sociales. No es igual a un derecho humano que, conceptualmente, es el del individuo ante el Estado. Un derecho social, por el contrario, es una obligación del Estado ante la sociedad y cada uno de sus miembros. Es una noción que coloca las necesidades de la colectividad por encima de las del individuo. Es contrario al principio (neo)liberal que destaca al individuo por encima de la sociedad. Recuerde que el principio del Presidente no es “primero el pobre”, sino “primero los pobres”, es decir, los que la sociedad ha dejado atrás.
Asumir la universalidad como valor básico en México –desgarrado y roto por la desigualdad– es un cambio a fondo del individualismo a la solidaridad. Es enfrentar la cultura del privilegio que está tan internalizada que aun personas con valores de izquierda la ejercen. La pandemia ha creado una opinión pública fuerte y contraria a esta cultura, que se expresa en la “palanca”, el “agandalle”, la compra de un lugar adelante en la fila, etcétera. Este rechazo a la falta de solidaridad y el creerse por encima de los demás se ha expresado con singular fuerza, pero también el miedo de ser excluido una vez más del acceso a un bien percibido como la salvación de la vida, sea ésta la vacuna o el acceso a la atención médica. Este miedo se ha expresado de varias maneras, incluidas las violentas. Cuando se ha mostrado que alcanza para todos, se ha fortalecido la solidaridad social. Podemos estar al inicio una nueva ética pública impulsada por la noción de universalidad.
Obviamente, no todos han asumido esta conducta. A pesar de que el heroísmo del personal de primera línea prevalece, no faltan los que se excluyen del servicio público alegando problemas de salud –reales o inventados–, quedándose en casa o ateniendo su clientela privada. Sin embargo, es importante advertir que los funcionarios federales que han hecho uso de su posición han sido duramente reprobados. También se han manifestado las prácticas corporativas en las que los gremios exhiben su fuerza para pasar adelante en la cola pero sin mucho éxito. La universalidad y sus pruebas contundentes han tenido impacto.
La OMS y la ONU han tratado de plantear que las vacunas deberían de ser bienes públicos sin patentes y disponibles a todos, pero no han tenido mucho éxito. El mecanismo Covax, establecido para garantizarlas a los países de desarrollo económico medio o bajo, está avanzando muy lentamente. Las razones son el patriotismo y regionalismo de los países ricos y productores de las vacunas y medicamentos. El comportamiento de la Unión Europea ha sido especialmente escandaloso. Como varios de los estados adherentes tienen una industria farmacéutica fuerte, decidieron imponer reglas que impiden gravemente la exportación aun en contra de los contratos firmados para que primero se vacunara a sus ciudadanos. Otro tanto está haciendo Estados Unidos, tratando de corregir el retraso causado por Trump y sus bravuconadas. Es obvia la razón política de estas conductas y el desprecio por la vida en los países subdesarrollados, pero también resalta la inconsecuencia para enfrentar la pandemia.
La contradicción es evidente, los estados que instigaron la globalización ahora tratan de guardar los bienes para sí. Pero queda el hecho de que no se puede parar el contagio si no se detiene de forma global.
Otra paradoja es que los países europeos que adoptaron el principio de la universalidad como base de su política social ahora la están reservando sólo para su propia población. Aun así, la universalidad es ejemplo para otros estados. La violación de sus principios –la igualdad entre todos y la adhesión a la priorización de la vacunación– ha llevado a la caída de ministros de Salud, por ejemplo en Argentina, Perú y Paraguay. Se puede discutir cuál debe de ser la priorización de la aplicación de las vacunas, pero una vez establecida debe ser respetada por todos.
Ese es el verdadero consenso social.
