Los fondos que durante 2019 el gobierno federal etiquetó para impulsar programas sociales en las naciones de Centroamérica con el propósito de mitigar las causas de la migración forzada no se destinaron a ese objetivo, sino a la restauración de 10 estaciones migratorias y al control de flujos de movilidad.
Así lo observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión del plan dirigido al apoyo a esa región para implementar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro.
Al analizar la cuenta pública 2019, cuyos resultados se entregaron hace unas semanas, la ASF fiscalizó el desempeño de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, a la cual ese año se asignaron mil 188 millones de pesos que se dirigirían a Honduras y El Salvador, y advirtió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tuvo mecanismos de monitoreo y evaluación para dichos fondos.
El órgano fiscalizador señaló que la cancillería y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) no determinaron cuáles son las acciones necesarias para asegurar resultados de estos programas en las dos naciones centroamericanas.
Observó que ese año no se entregaron recursos para dicho fin, pero se destinaron más de 74 millones de pesos para la “rehabilitación” de estaciones migratorias y albergues y al “apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”.
Esta estrategia fue creada en 2011 por Felipe Calderón para financiar programas y proyectos de infraestructura en Centroamérica, y dependía de la Secretaría de Hacienda. A mediados de 2019, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se reorientó para atender la crisis migratoria, su operación se trasladó a la SRE, en particular de la Amexcid. Esto después que el ex mandatario de Estados Unidos Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que México hiciera más para contener la migración irregular.
