Ciudad de México. En una nueva sesión privada, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares aprobada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en contra de Morena ratificando la instrucción de que en su estrategia proselitista no puede vincularse directamente al otorgamiento de programas sociales ni al Plan de Vacunación que, según señaló el INE lo hace a través de las visitas domiciliarias de sus brigadistas,
Por otro lado, con una votación dividida de 4 a 3, ya en sesión pública, los magistrados avalaron el programa piloto de uso de cien urnas electrónicas en Jalisco y otras tantas en Coahuila en las casillas únicas con carácter vinculante. Aun cuando el proyecto del magistrado Indalfer Infante se pronunciaba en contra de aprobar los lineamientos aprobados por el INE por considerar que es un organismo carente de facultades para modificar la forma del ejercicio del voto, la mayoría consideró que existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avalan esa facultad
El magistrado presidente, José Luis Vargas, quien con su voto inclinó hacia el final el sentido de la decisión, aseveró que existen condiciones para que el INE impulse experiencias con la introducción de nuevas tecnologías. Dijo que la ley no se puede interpretar sólo de forma literal y apelar a la reserva de ley de que el INE no tiene facultades, porque no se trata de un ejercicio generalizado del voto electrónico sino está acotado a cien casillas en Jalisco y Coahuila
En el mismo sentido se pronunciaron los magistrados Monica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera quienes destacaron la importancia de avanzar en la utilización de nuevas tecnologías que serán, dijo De la Mata el futuro de la forma de sufragar. Consideraron que en la evaluación de experiencias nacionales pasadas y experiencias internacionales, el voto electrónico refleja que existe confianza social en este mecanismo.
Para los magistrados Infante, Janine Otalora y Reyes Rodríguez, las objeciones no eran en contra de la urna electrónica y su utilidad social, sino con las facultades del INE para aprobar un modelo de voto que requeriría modificaciones legales.