La aprobación en comisiones del Senado de la propuesta de nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) obstaculizaría acciones fundamentales que sólo dicho organismo puede hacer en la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que las familias de las víctimas utilizarán todas las herramientas legales a su alcance para impedir dicha reforma, señalaron colectivos civiles.

Adela Alvarado, integrante de la organización Nos Hacen Falta, manifestó su enojo ante el avance legislativo de la nueva norma –que será votada hoy por el pleno de la Cámara alta–, pues de esta manera la FGR se desentendería de sus obligaciones en la tarea de buscar a las víctimas de desaparición.

“La Fiscalía es la única que puede hacer muchísimas cosas, como adquirir la ‘sábana’ de llamadas de un teléfono, emitir órdenes de aprehensión” o catear un domicilio, por lo que renunciar a esas tareas es una decisión muy “drástica” que afectará a quienes han padecido este crimen, subrayó.

“Con esto, ahora de plano nos dejan sin derechos a las familias”, dijo la mujer, quien busca a su hija Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida en 2004.

Por su parte, Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, estimó que la rapidez con la que se está aprobando la ley obedece a la existencia de un “pacto” con el titular del organismo, Alejandro Gertz.

Los colectivos civiles “seguiremos echando mano de todo lo que esté en el marco jurídico y de todas las herramientas de resistencia civil pacífica, como acciones de incompetencia, recursos ante organismos internacionales e incluso pedir que haya un veto presidencial” en contra de la norma.