La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Educación Superior, con la cual se espera garantizar la gratuidad en ese nivel a partir de 2022 de manera gradual y que además, explicaron legisladores, “blinda” la autonomía universitaria ante cualquier intento de vulnerarla, sobre todo por gobiernos de los estados.
En la discusión del dictamen –rechazado por el PT y 11 diputados de Morena, entre otros Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, quien en lo particular votó en abstención–, las bancadas reconocieron el avance para asegurar la gratuidad en ese nivel educativo, pero admitieron que una de las dificultades será dotarla de recursos suficientes, pues si bien se prevé un fondo anual, no se precisa su monto.
Otro rubro que aborda la legislación es la regulación a las escuelas privadas, a las que, sin invadir su ámbito, se aplicará un control más estricto en los registros de validez oficial. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), expuso que se reglamentará a las universidades privadas, porque “hacían lo que querían. De lo que se trata es desaparecer las escuelas patito”.
La ley, que se aprobó sin cambios para no devolver la minuta a la Cámara de Senadores y se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, contó con los votos de Morena, sus aliados PES y PVEM, así como de la oposición. No obstante, el contenido de la legislación fue rechazado por el PT, que la consideró insuficiente y cuestionó un presunto alcance privatizador de la enseñanza universitaria.
También dividió a la bancada de Morena. Uno de los diputados de esa bancada que votaron en contra, Rubén Cayetano, afirmó que la ley es resultado de una negociación entre legisladores y funcionarios del pasado que aún permanecen en la Secretaría de Educación Pública “con los que la derecha hace sus enjuagues”.
Ante esa postura y la del PT, la presidenta de la Comisión de Educación respondió: “Nos costó mucho llegar a la reforma educativa (de 2019) y hoy los que hablan de intereses oscuros son los mismos que se opusieron a dicha modificación. Querían que su ley fuera la que se aprobara”.
Previamente, al presentar el dictamen, Piña Bernal ponderó entre otros puntos de la ley que ésta se construyó con perspectiva de género, al crear modelos para que los espacios universitarios se consoliden como libres de violencia y discriminación hacia las mujeres.
Además, aseguró, fomenta medidas para el bienestar físico y mental de los estudiantes, así como del personal, y garantiza el fortalecimiento del personal académico y de la excelencia educativa.
Iliana López Castro (PRI) sostuvo que la autonomía universitaria “está blindada” en la legislación y se vigilará “que siga siendo realidad en la práctica”. Resaltó que se incluyen mecanismos contra la violencia de género, que incluye puntos de contacto y protocolos de atención en cada plantel.
En la ley también se agregó que el servicio social sea reconocido como experiencia profesional y podrá acreditarse mediante tutorías y acompañamiento.
Al congratularse por la aprobación, la SEP afirmó que este nuevo marco legal “garantiza el respeto a la autonomía universitaria y se da cumplimiento a los principios de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia”.
