Madrid. El independentismo catalán sufrió ayer dos duros momentos al confirmarse el retiro de la inmunidad parlamentaria para el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y dos colaboradores suyos, Toni Comín y Clara Ponsatí, que se refugiaron junto con él en Bruselas.

Por otro lado, el juzgado de vigilancia carcelaria de Cataluña revocó la condición de tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad) a los siete líderes políticos que cumplen condena por su participación enla declaración unilateral fallida de independencia de octubre de 2017, que es el origen de ambos conflictos jurídicos.

Ante esto, el gobierno del socialista Pedro Sánchez está en riesgo de perder a uno de los apoyos que le permitieron formar una coalición con los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya.

Todas las miradas estaban puestas en el pleno del Parlamento Europeo, en Bruselas, que tenía en el orden del día resolver la retirada de la inmunidad parlamentaria a los tres eurodiputados catalanes a petición de los tribunales españoles, que todavía los buscan para juzgarlos por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

En la votación, más ajustada de lo que esperaba el gobierno español, se determinó quitarles la protección del fuero para que respondan ante los tribunales que los reclaman.

Los votos a favor fueron 400: la mayoría de ellos emitidos por la derecha del Partido Popular Europeo y de los partidos socialdemócratas, mientras 248 votaron en contra y hubo 45 abstenciones.

Muchos de los votos en contra de desaforar a los catalanes fueron de los partidos nacionalistas europeos, algunos de extrema derecha.

Conflicto judicial tomará meses o años

A partir de ahora se inicia un conflicto judicial que tomará meses o años, ya que hay varios frentes desde los que se desarrollará la defensa de Puigdemont y sus colaboradores, que ya cumplieron, en octubre pasado, tres años refugiados en Bélgica para evadir a los tribunales españoles por su actuación durante la fallida declaración secesión de octubre del 2017.

Ante la decisión del Parlamento europeo, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Pablo Llarena, planteó una cuestión prejudicial al tribunal europeo para que se pronuncie sobre el alcance del desafuero para así solicitar a los tribunales belgas la entrega de Puigdemont, que ya fue rechazada en una ocasión.

“Pierde la democracia; esto es una persecución política”

Tras el fallo, Puigdemont declaró: “Hemos perdido, pero el Parlamento ha perdido más que nosotros y la democracia, también. Esto es una persecución política”.

El otro gran revés para el independentismo catalán fue la vuelta a prisión de sus líderes: el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras; los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn; y los líderes de las entidades sociales ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Todos ellos –salvo Rull, que disfrutaba de un permiso– regresaron ayer a la cárcel para cumplir la sentencia en segundo grado, el régimen ordinario de la mayoría de los presos.

El Tribunal Supremo revocó en diciembre pasado el régimen de semilibertad concedido por el gobierno catalán, debido a que consideró que las condenas a los independentistas eran demasiado elevadas (entre nueve y 13 años de cárcel), y se podía conceder un régimen en que los reos pasaran el día en libertad y regresaran a prisión solo para dormir.

El gobierno catalán hizo caso omiso de la revocación hecha por el Supremo, por lo que ayer el juzgado de vigilancia carcelaria impuso el regreso a prisión común de los líderes catalanes.