Los defensores de lo que cínicamente denominan “libre competencia” (léase atraco a la nación) en el sector energético del país están verdes de coraje, porque, una vez aprobadas por el Congreso, las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica promovidas por el presidente López Obrador fueron promulgadas y el decreto respectivo publicado, ayer, en el Diario Oficial de la Federación ( DOF).
“Desmemoriados”, esos mismos defensores que histéricamente se quejaron por la “rapidez” con que la mayoría morenista en las cámaras de Diputados y Senadores dictaminaron y aprobaron la citada iniciativa presidencial, parece que “olvidaron” lo que siete años atrás ellos mismos protagonizaron en el Congreso a la hora de aprobar las “modificaciones legales” propuestas por Enrique Peña Nieto y lo que, en su momento, propuso el tal Borolas.
Por ejemplo, a mediados de 2014 los neoporfiristas del PRI, PAN y PVEM concluyeron la discusión en lo general y lo particular del segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética, “con la aprobación de tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad, el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua, para beneficiar a las empresas de geotermia” ( La Jornada, Andrea Becerril).
La reseña subrayaba que a las comisiones respectivas “les bastaron 55 minutos para avalar las leyes de la industria eléctrica y de energía geotérmica, de nueva creación… No hubo debate, sólo presentación de posturas de los grupos parlamentarios, en la que destacaron que no se privatizará la CFE y que la intención es modernizar el sector y ampliar las redes de transmisión; el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad. La iniciativa que Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida” ( ídem).
Que digan misa, pero las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) recuperan para la nación lo que los citados “desmemoriados” entregaron – moches de por medio– al gran capital. Así, lo publicado ayer en el DOF deja en claro que a partir de hoy, miércoles, “se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto”, y detalla que la Secretaría de Energía, la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía “dispondrán de un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos a lo previsto en el presente decreto”.
Un elemento fundamental es que “los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la CRE mediante el procedimiento administrativo correspondiente. En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la LIE”.
Además, “los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal. En su caso, deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada”.
En castellano simple, no más contratos leoninos ni multimillonarios subsidios para los consorcios privados a costillas del erario.
Las rebanadas del pastel
Atento recado para el carismático ex “ministro del (d)año”: Rosario Robles está dispuesta a aportar pruebas que involucran a Luis Videgaray en el cochinero de la estafa maestra. Cierto es que no es la primera vez que lo anuncia, pero es tal su desesperación por salir de Santa Marta Acatitla que parece que ahora va en serio.
