El modelo plenamente financiero en el que se basó el desarrollo y construcción habitacional en los últimos 20 años generó en el país viviendas impagables, ciudades dormitorio, enormes pérdidas de tiempo y gastos excesivos en el traslado de las personas, patrimonio sin plusvalía y elevado costo para la dotación de servicios públicos básicos. Hoy, el rezago nacional se ubica en 9.4 millones de viviendas, cifra que se concentra principalmente en el centro y sur del país.

Para el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, esta política provocó una larga lista de problemas que hoy debe enfrentar el país, junto con el proceso de reordenamiento urbano y la recuperación y creación de nuevos espacios públicos.

Al participar en la inauguración del Encuentro Nacional de Vivienda de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), el titular de la Sedatu indicó que el 37.5 por ciento del total de viviendas abandonados -estimados en casi 9 millones por el censo del INEGI- se localizan en grandes conjuntos habitacionales periféricos.

Dijo que a pesar de la emergencia sanitaria, la Sedatu ha planteado la necesidad de continuar la actividad de la construcción, consciente de que el sector de la vivienda es fundamental para la reactivación económica.

Detalló que el 43 por ciento del parque habitacional construido en los últimos 20 años se ubica en las periferias de las ciudades y el valor de las viviendas económicas y populares ha disminuido hasta 9 por ciento, por lo cual el gobierno de México decidió cambiar la política de vivienda partiendo de que es un derecho humano y no sólo un elemento financiero; por ello, ha implementado mecanismos como la reorientación de subsidios hacia el mejoramiento o ampliación de vivienda para atender el déficit de 9.4 millones de acciones que se registran a nivel nacional.

Entre las acciones que ya están en marcha para combatir el rezago habitacional de manera integral destaca el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y el Programa de Vivienda Emergente (PVE), con los que se realizan acciones de mejoramiento o ampliación de vivienda, construcción asistida y financiamiento para la compra de suelo o vivienda nueva a través de apoyos directos.

“En 2019, el total de acciones realizadas por el sector de la vivienda que incluye al Fovissste, Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal y la Comisión Nacional de Vivienda, fue en el orden de 680 mil acciones; en 2020 fue de 700 mil acciones y la meta que tenemos para este 2021 es llegar a las 872 mil acciones. Vemos un pronóstico favorable para la industria de la construcción y de la vivienda pues no solamente hemos mantenido los montos totales de colocación de créditos, préstamos y subsidios; sino que estamos aumentando y vamos a fortalecerlos”, detalló Meyer Falcón.

Además, la reforma a la Ley del Infonavit –y próximamente también a la del ISSSTE- ha hecho posible que el derechohabiente tenga plena libertad sobre cómo utilizar su crédito, pues ahora puede comprar suelo para autoproducir su vivienda o comprar el inmueble; además, también se trabaja en la actualización de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) para generar certezas sobre dónde y cómo se deben construir inmuebles habitacionales.

En coordinación con el Infonavit también se trabaja en el Programa de Recuperación de Vivienda Abandonada, con el que en lo que resta del sexenio se pretenden rescatar más de cien mil viviendas.