La Cámara de Diputados prevé aprobar este martes la minuta del Senado con la Ley General de Educación Superior, que confirma una “transición gradual” hacia la gratuidad de la enseñanza en educación superior y de la ampliación de la oferta, a partir de 2022.

El dictamen, explicó la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), se ha trabajado durante más de ocho meses y fue aprobada de manera casi unánime por la Cámara de Senadores. “Es una ley bastante consensuada” y la minuta pasará sin cambios, indicó. Refirió que la ley se construyó desde la anterior administración en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la actual titular, Delfina Gómez, “tiene conocimiento” del contenido del dictamen.

La nueva ley brindará un nuevo impulso a la formación de maestros, con la definición de que el Estado será responsable de fortalecer las normales, universidades pe-dagógicas y centros de actualización del magisterio.

Fondo especial

También se prevé que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la gratuidad de la educación superior se garantizará a largo plazo con un fondo especial y en la ley –que sustituirá a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior– se precisa que los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, a partir de dicho fondo, no podrán ser considerados como sustitutivos, parcial o totalmente, de los montos correspondientes a los recursos ordinarios.

Asimismo, se define que la asignación de los recursos para el fondo será anual y se orientarán por los criterios de transparencia, inclusión y equidad.

Con la ley se prevé instituir un sistema nacional de educación superior que se integrará por los subsistemas universitario, tecnológico y de escuelas normales y formación docente, con objeto de garantizar la oferta en este nivel educativo.

En el rubro de educación normal y de formación docente se precisa que tiene como propósito primordial “formar de manera integral profesionales de la educación básica y media superior, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, comprometidos con su comunidad y con responsabilidad social para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad que sea justa, inclusiva y democrática”.

La rectoría de la educación normal corresponderá a la SEP y las políticas de formación serán coordinadas con las entidades y tomará en cuenta las particularidades regionales.

También considera instalar un consejo nacional de autoridades de educación normal que buscará acuerdos sobre políticas y acciones para el desarrollo de las escuelas normales, además de que la actualización y programas de estudio serán elaborados y definidos por la Secretaría de Educación Pública, con las aportaciones de la comunidad normalista, de profesores en servicio, así como de otras instituciones formadoras de docentes.

Asimismo, se incluye un capítulo para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia de género en las universidades e instituciones de educación superior; incluir, en los planes y programas de estudio medidas que eliminen los estereotipos de género y crear estrategias de seguridad de las personas en los planteles.