Río De Janeiro. En una decisión inesperada, el juez Edson Fachin, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de justicia en Brasil, anuló la tarde de este lunes las sentencias condenatorias que proscribieron al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de la política.

Al decretar como nulos todos los actos adoptados por la justicia regional de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, Fachin devolvió a Lula, entre otros derechos, el de presentarse a las elecciones presidenciales de 2022.

La defensa del ex mandatario (2003-2011) insistía, desde hace casi cinco años, en que el ex juez Sergio Moro no tenía jurisprudencia para tratar de las acusaciones contra Lula, ya que la llamada Operación Lava Jato (Lavado Rápido) debería restringirse a actos de corrupción en la estatal Petrobras.

Ahora, de manera súbita, uno de los integrantes de la Corte Suprema finalmente accede a la petición.

La repercusión ha sido inmediata en Brasil, tanto en medios jurídicos como en el mercado financiero, con la Bolsa de Valores experimentando una baja de casi 4 por ciento, mientras dólar y euro ganaron distancia sobre el real.

Entre juristas circulaban algunas dudas sobre el alcance de la sentencia de Fachin, que ocupa 46 folios.

Todos los consultados por ese diario dijeron que necesitan más tiempo para discenir cada uno de los párrafos de la decisión.

Se determina, por ejemplo, que las causas que involucran a Lula da Silva sean revisada por la justicia federal en Brasilia, pero no queda claro, al menos en un principio, si se deberá volver al punto cero.

Dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, recuerdan que, hasta ahora, las acciones que involucraban al ex mandatario analizadas por la justicia en Brasilia terminaron con su absolución, al contrario de lo ocurrido en Curitiba.

Dirigentes petistas celebran con “cautela”

Frente a esa y otras dudas, dirigentes del PT pidieron “cautela” en medio de las celebraciones. “Recibimos con serenidad la decisión”, dijeron en un comunicado sus abogados. “A pesar de todas las pruebas de inocencia que presentamos, el ex presidente Lula fue encarcelado injustamente, tuvo sus derechos políticos indebidamente retirados y sus bienes bloqueados”, agregaron Cristiano Zanin y Valeska Zanin Martins.

Lula fue condenado en 2018 por corrupción y lavado como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo), de lo que nunca se presentaron pruebas y estuvo detenido 18 meses, desde abril de ese año, en la sede de la Policía Federal de Curitiba.

La sentencia fue validada en tercera instancia y totalizaba 8 años, 20 meses y 20 días de cárcel, aunque fue liberado después de que la Corte Suprema determinó en noviembre de 2019 que todos los condenados tenían derecho a agotar todos los recursos judiciales antes del cumplimiento efectivo de la pena.

Ese mismo mes fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras relacionados con obras de un sitio en Atibaia (Sao Paulo) a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras, añadió Afp.

Lula siempre negó las acusaciones y denunció ser blanco de lawfare (judicialización de la política) en una operación orquestada por Sergio Moro.

Un punto, sin embargo, quedó claro para los juristas consultados: la iniciativa de Fachin se consumó en vísperas de que la Corte Suprema empezara a analizar otra medida solicitada por la defensa del ex mandatario, que se refiere directamente a la conducta de Sergio Moro durante todo el juicio.

Sobran pruebas de que él, quien luego asumió el ministerio de Justicia bajo el ultraderechista Jair Bolsonaro, más que juzgar actuó como una especie de coordinador de las acciones de la fiscalía.

Lo que pidió la defensa de Lula, de 75 años, es juzgar si Moro fue o no parcial, lo que por su vez anularía todo el proceso jurídico, declarando la inocencia del acusado.

Fachin, al declarar que la instancia de Curitiba no podría haber juzgado a Lula, impidió que Moro sea sometido a la Corte Suprema.

Ese punto específico de la iniciativa despertó fuertes discusiones internas entre sus demás integrantes, que ahora decidirán si juzgan o no al ex juez por manipulación.

Lula, a su vez, insiste en que, más que anular decisiones, se declare, de manera clara y sin vuelta, su plena inocencia.

Al deplorar el fallo, Bolsonaro acusó que el juez Fachin “siempre tuvo una vinculación fuerte con el PT”.

En los medios políticos, la noticia de la recuperación de los derechos del ex mandatario y la posibilidad de que se presente en 2022 provocó un maremoto.

La previsión, al menos de inmediato, es que en las presidenciales del año que viene ocurra una polarización radical, con Lula de un lado y el ultraderechista Bolsonaro de otro. Los demás naufragan.

Un sondeo reciente de opinión, cuando el ex mandatario todavía estaba impedido de presentarse, mostró que él sería el único capaz de derrotar al ultraderechista en una segunda vuelta.

Sobran, sin embargo, dos grandes incógnitas. La primera: frente a la posibilidad de la vuelta de Lula, ¿cómo reaccionará el mercado financiero? La segunda y principal: ¿y las fuerzas armadas?

Vale recordar que desde el retorno a la democracia (1985) jamás hubo tantos militares, activos y retirados, esparcidos por el gobierno.

Si Bolsonaro no encabeza un gobierno castrense, seguramente comanda un gobierno militarizado.