No es el único, desde luego, pero en la comunidad de naciones, México destaca por ser uno de los países en los que prácticamente todos los delitos de cuello blanco quedan impunes y, más allá de que el grueso de ellos no se investiga, en no pocos casos se llegaron a presumir como “símbolo de la modernidad”, “grandes logros empresariales”, muestra de “las mejores estrategias de negocios” e, incluso, resultado de la “confianza que genera” el gobierno en turno, el cual, dicho sea de paso, solía ser promotor y socio de los delincuentes.
Por ejemplo, no es gratuito que, al menos desde tiempos de Ernesto Zedillo, el sistema financiero que opera en México ocupe el primer lugar en lavado de dinero proveniente del crimen organizado (desde 1996, el Departamento estadunidense de Estado le ha dado esa calificación y el cálculo ronda 30 mil millones de dólares anuales) en el hemisferio occidental, ni que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advierta reiteradamente que tal sistema “es vulnerable al lavado de dinero asociado al narcotráfico; la complejidad de esa práctica ha aumentado, así como la influencia de las organizaciones delictivas para ampliar y desarrollar nuevos métodos para lavar sus ganancias ilícitas, incluso mediante vínculos con grupos criminales basados en otros países. Con esta riqueza, los blanqueadores de capital adquieren más fácilmente la aceptación social y la protección política, haciendo más difíciles la detección e investigación. El poder económico de las organizaciones criminales les ayuda a seguir en funcionamiento y socava al buen gobierno y la autoridad del Estado”.
En efecto, a lo largo de los años la otrora Procuraduría General de la República nada hizo (salvo garantizar impunidad a los bandidos y, de paso, ser su socio) para combatir los delitos de cuello blanco; la Secretaría de Hacienda, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, sólo fue tapadera y, el de por sí defectuoso, aparato de “procuración de justicia” prácticamente desplegaba sus tarifas en lugares visibles. Al lavado de dinero en el sistema financiero que opera en el país se suman todo tipo de “negocios” que entran en la citada clasificación. Con el cambio de régimen, por primera vez desde su creación –hace casi dos décadas–- la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no sólo hace lo que la ley le mandata, sino que da resultados concretos mientras la oscura PGR pasó a retiro y en su lugar se instituyó la Fiscalía General de la República –lenta, pero segura–. Lamentablemente, el aparato de “procuración de justicia” se mantiene intocado, de tal forma que la puerta de la impunidad sigue abierta.
Ante tal panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió crear una nueva institución que enfoque su actividad en la investigación, detección y combate de los delitos de cuello blanco, los cuales no sólo diezman a las finanzas públicas, sino que debilitan el estado de derecho. El anunció lo hizo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez: se creará la guardia nacional financiera, y el gobierno federal lo hace “sin temor a las amenazas y sin ambición frente a las tentaciones; no más impunidad”.
La Jornada (Miguel Ángel Velázquez) lo reseña así: la secretaria de Seguridad informa que la Unidad de Inteligencia Financiera “está capacitando, profesionalizando a miembros de la Guardia Nacional para construir una guardia financiera; es decir, que no sólo sea la UIF la que investigue los delitos de cuello blanco, sino que también se apoye en la Guardia Nacional.
“No se trata de atacar sólo a las mafias que cometen delitos todos los días, las que todo el mundo conoce, sino también a los mafiosos de cuello blanco; combatimos los dos lados. Son investigadores que dependen de la Guardia Nacional y son capacitados por la UIF. ¿Cómo van a hacer para dar con los objetivos? –se pregunta y suelta la respuesta–, pues síguele la pista al dinero, para dar con los delincuentes, los que roban, los del huachicol, los que roban mercancía en las carreteras a las empresas; hay que seguir el dinero porque, hasta ahora, nadie sigue a esos delincuentes, pero hay que hacerlo, y entonces la Guardia Nacional va a cumplir con esa demanda que tiene la población.”
Las rebanadas del pastel
Ya viene la convención bancaria y, tradición obliga, los barones del dinero nada dirán sobre la gran lavandería en que han convertido a México.
