Organizaciones de derechos humanos que participaron en el parlamento abierto sobre la Ley de la Fiscalía General de la República coincidieron en destacar que esa institución no puede abandonar el mecanismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Grace Fernández, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, resaltó que se necesita una fiscalía que trabaje de la mano de las víctimas y que sea transparente, “porque la actual no investiga, no busca, no procura justicia ni verdad, nada más ocupa su autonomía para los intereses de un grupo selecto”.
Por otra parte, 24 organizaciones civiles y siete colectivos de familiares de personas desaparecidas resaltan en un documento que la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y el dictamen de la Comisión de Justicia, que fue distribuido en el Senado de la República, tienen al menos diez “graves retrocesos” que complicarían aún más el acceso a la justicia de las víctimas.
En el documento que dieron a conocer ayer, esas organizaciones señalaron esos retrocesos y resaltaron que el dictamen –que podría ser aprobado esta semana en el Senado– también “carece de legitimidad”, al abrogar una norma realizada con el consenso de la ciudadanía, además de que no se basa en un diagnóstico ni en una discusión abierta y pública sobre los cambios que se plantean.
Grace Fernández, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano delSistema Nacional de Búsqueda de Personas, al participar en el parlamento abierto que realizó el Senado el lunes pasado, resaltó que se necesita una fiscalía que trabaje de la mano de las víctimas y que sea transparente.
A su vez, Humberto Guerrero, del Consejo Nacional Ciudadano delSistema Nacional de Búsqueda, señaló: “éste no es un parlamento, sino un diálogo, se requiere un debate con más tiempo en el que participen todas las organizaciones y que no se nos dé sólo tres minutos”.
Martín Villalobos, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijo que a partir de ese foro se debe iniciar un proceso de construcción para fortalecer a la Fiscalía.
Por otra parte, las organizaciones civiles difundieron ayer un documento en el que aseveran que la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Fray Juan de Larios, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre otras, que se agrupan en el Colectivo contra la Impudemia, censuraron que dicha propuesta plantee la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, de los mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.
Agregaron que las modificaciones propuestas por el Senado “contienen serios retrocesos en derechos adquiridos por las víctimas y la ciudadanía en general, incluso para los servidores públicos de la Fiscalía, así como una vuelta al pasado a una Procuraduría General de la República que ya demostró su ineficiencia e incapacidad para dar resultados”.
Aseveraron que el dictamen omite facultades imprescindibles de la FGR que se consideran la base para el ejercicio de una función autónoma y acorde con el nuevo sistema de justicia penal, y reduce sus obligaciones en relación con las víctimas.
Entre los retrocesos detectados, las organizaciones señalan una interpretación autocrítica del carácter autónomo de la FGR, “que en realidad apunta a un mayor aislamiento y discrecionalidad de la dependencia dentro del sistema de justicia mexicano”; se imponen restricciones a la transparencia y rendición de cuentas, y se reinstala la vieja estructura de la PGR.
