El 4 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la renovación, por parte de la administración Biden, del decreto que cataloga al gobierno constitucional de Nicolás Maduro como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos, y bajo el cual los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump aplicaron medidas coercitivas unilaterales como parte de su política de “cambio de régimen” en la nación sudamericana.
El documento divulgado por la cancillería en Caracas ratifica que las selectivas sanciones extraterritoriales de Washington −que alcanzan a funcionarios y nacionales venezolanos y a empresas de terceros estados que cooperan con las autoridades públicas y compañías de Venezuela− representan“una violación al derecho internacional y constituyen una afrenta al sistema multilateral”. El texto expone que la Casa Blanca ignora el llamado hecho por la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, sobre el impacto negativo que las medidas coercitivas de asfixia económica de EU generan en el disfrute de los derechos humanos de los venezolanos.
La orden ejecutiva, que cataloga a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de EU, fue emitida por Obama el 8 de marzo de 2015 cuando Biden era vicepresidente, y su objetivo −como en los tiempos de Salvador Allende en Chile, previo al golpe de Estado del general Augusto Pinochet dirigido por Henry Kissinger y la Agencia Central de Inteligencia− es “hacer gritar la economía” como parte de una guerra no convencional o difusa que incluye el bloqueo a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el ataque al bolívar, la moneda venezolana, así como generar mayor “sufrimiento”a la población, como han confesado el ex embajador en Caracas, William Brownfield, y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés).
En octubre de 2018, Brownfield reconoció que las sanciones contra Venezuela impactan a toda la población y que la mejor opción sería “acelerar el colapso” del país, aunque “produzca un periodo de sufrimiento mayor” por “meses o quizás años”. Según el también ex encargado de la política antinarcóticos del Departamento de Estado, en Venezuela se aplica la llamada “opción militar” del siglo XXI, que comprende formas de intervención indirecta y el uso de tecnología sofisticada.
A su vez, un informe del GAO −agencia del Poder Legislativo que fiscaliza al gobierno federal de EU− contiene la confesión palmaria de que las ilegales y criminales medidas punitivas que Washington llama “sanciones”, contribuyeron a un “declive pronunciado” de la economía venezolana a partir de 2015 −cuando el ‘bueno’ de Obama dijo que había que “torcerle el brazo” al país sudamericano−, pero en especial a partir de enero de 2019, cuando Trump impuso un embargo de facto al petróleo de Venezuela.
Como ha señalado Luis Britto García, para destruir a un país hay que aniquilar su industria fundamental: en enero de 2019 PDVSA producía 1.2 millones de barriles diarios (47 por ciento menos de los niveles de producción de crudo de 2010) y en septiembre de 2020, tras el bloqueo de Trump, se ubicaba en 324 mil barriles diarios. Además, debido a las sanciones, pocos compradores están dispuestos a adquirir petróleo venezolano y aquellos que lo hacen exigen un pesado descuento, lo que limita aún más los ingresos de divisas necesarios para importar insumos, maquinaria, materia prima y bienes de consumo final, incluidos alimentos, medicinas y equipo médico. Con el agregado de que en 2016 el Commerzbank de Alemania, el Citibank y el Novo Banco de Portugal cerraron las cuentas en dólares de PDVSA.
A ello se suma la inducción de la depreciación del bolívar en el marco de la guerra económica (el senador republicano Richard Black confesó en 2019 que es EU quien ha desmonetizado el bolívar), lo que afectó los costos de producción, el aumento de precios y la pulverización del salario real en 99 por ciento, y cuyo efecto sobre el financiamiento del presupuesto de gasto público impactó los servicios que presta el Estado, generando a su vez una dolarización de facto. La agresión externa incluyó el robo de 32 toneladas de oro de reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra y el de la red venezolana de refinerías y expendios CITGO, situada en territorio de EU.
El informe preliminar de la relatora especial de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, la bielorrusa Alena Douhan, confirma que el ilegal bloqueo económico-financiero-comercial y las legislaciones promulgadas por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, instrumentadas desde 10 años antes del decreto Obama de 2015, han minado por completo la economía venezolana y la calidad de vida de la población. “El país vive hoy con 1 por ciento de sus ingresos anteriores a las sanciones”, y la hiperinflación de los últimos cuatro años “ha pulverizado los salarios de las instituciones públicas”, con graves consecuencias humanas.
Hasta ahora, el cambio de ritmo del gobierno de Biden ha sido evidente ante el ímpetu injerencista de su antecesor Trump −al menos en el campo de lo narrativo y comunicacional−, pero es previsible que el equipo de halcones de la Casa Blanca profundizará el asedio y la guerra de exterminio contra Venezuela desde una posición más encubierta e inteligente. Biden contó con el apoyo del complejo digital y financiero (GAFAM, Blackrock, Soros), patrocinadores de las revoluciones de colores y las guerras no convencionales del siglo XXI.
