Azotada por los desastres naturales, la pandemia de Covid-19 y riesgos fiscales por el incremento de deuda, en Centroamérica “coexisten” varias crisis: el agotamiento del Estado que surgió luego de los acuerdos de paz de hace tres décadas y un modelo de desarrollo que es necesario repensar, expuso Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México.

En entrevista, detalló que la caída en los ingresos tributarios a causa de la baja en la actividad económica, la propia reducción en el producto interno bruto (PIB) y la depreciación de las monedas, hicieron “que se dispararan los niveles de deuda pública” en la región. La situación es más crítica en unas economías que en otras, pero, en general, el manejo del endeudamiento a la par de la crisis de Covid-19 es un problema sistémico mundial.

Agregó que otra de las crisis centrales es el debilitamiento del multilateralismo, mecanismo que supone ser una herramienta para la resolución de problemas globales. Como muestra de esta mella –describió el directivo de la Cepal– están los “fuertes nacionalismos” de algunos países en cuanto el acceso a las vacunas, lo que redujo el papel de Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, para procurar una distribución más equitativa.

Beteta confió que el cambio de gobierno en Estados Unidos ayude a dar más soporte al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que se lanzó hace dos años. Consideró que dado lo dicho hasta ahora por Joe Biden, nuevo presidente de ese país, se coincide en el deber de atender las causas estructurales de la migración en los países de origen y avanzar en “toda la gestión del ciclo migratorio”: destino, tránsito y retorno.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020, muestran que el 46.2 por ciento de la población que se mudó de Guatemala a México lo hizo en busca de trabajo; pero 37.7 y 37.1 por ciento, respectivamente, de las personas que migraron provenientes de El Salvador y Honduras lo hicieron a causa de la violencia. A estas condiciones se sumó la pandemia.

Luego de una década de expansión interrumpida, los estimados de la Cepal apuntan a que el año pasado se vivió una contracción económica promedio de 6 por ciento en Centroamérica y República Dominicana. Beteta detalló que se explica “principalmente por las restricciones a la movilidad y el cierre de actividades relacionadas con la pandemia; así como también a un impacto de la temporada de huracanes”.

Naciones Unidas estima que por separado, los países de Centroamérica decrecieron el año pasado: Costa Rica, 4.8 por ciento; El Salvador, 8.6; Guatemala, 2.5; Honduras, 8; Nicaragua, 4; Panamá, 11, y por la integración económica también se cuenta a República Dominicana, para la que se estima una contracción de 5.5 por ciento.

Con ello y una caída promedio de 1.2 por ciento de los ingresos tributarios vino también un incremento de cerca de 7 por ciento en el déficit fiscal en la región, y “es preocupante” porque en algunos países el saldo de la deuda de la política registró un aumento de alrededor de 9 punto porcentuales del PIB, detalló el directivo de la Cepal.

Hubo un paquete de apoyo fiscal por cerca de 4 por ciento del PIB, sólo en financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Costa Rica obtuvo 508 millones de dólares; República Dominicana, 650 millones; el Salvador, 389 millones; Guatemala, 594 millones; Honduras, 223 millones; Nicaragua, 185.32 millones, y Panamá 3 mil 215 millones de dólares.

Por ahora, en Costa Rica la deuda pública como proporción del PIB llegó a 80 por ciento y el Salvador 88 por ciento, de acuerdo con la Cepal.

Beteta explicó que a nivel mundial “hay un problema del manejo de la deuda pública ante la pandemia”. Tanto los países de renta baja como los de renta media van a tener un problema de financiamiento, las calificadoras de riesgo recortaron las notas de la deuda soberana haciendo más costoso el acceso a crédito, “tienden a hundir a los países en el momento en el que necesitan salir”.

“Las tasas de interés a nivel internacional están en un mínimo histórico, por lo que hace sentido adquirir deuda de calidad, pero preocupa porque este es un espacio que tenemos que aprovechar para hacer nuevos pactos tributarios y recuperar la capacidad recaudatoria en los años venideros, porque si hay un incremento en la tasa de interés se va a disparar el servicio de la deuda.”

Una manera de contrarrestar la situación, recalcó, es ampliar la utilización de los derechos especiales de giro del FMI para apoyar el financiamiento de emergencia. Reconoció que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda aceptada el año pasado por los países del G-20 “fue correcta”, sin embargo, su capacidad de cobertura es insuficiente si se toma en cuenta que sólo fue para países de ingreso bajo y 90 por ciento de la deuda es de países de renta media, entre ellos los de Centroamérica.

Subrayó que además de todo esto, también se deben evaluar los cambios en el sistema productivo, gravar a las grandes tecnológicas y eliminar la evasión fiscal.

Explicó que a la par de la crisis de salud, en Centromérica persiste una crisis del Estado mínimo, el cual no puede enfrentar, por ejemplo, que “una buena cantidad de los servicios de salud se mercantilizaron”.

“Estamos saliendo de un ciclo después de los acuerdos de paz, ya son más de 25 años y hay un cierto agotamiento de esa etapa (...) Los Estados que salieron de esos acuerdos de paz no son capaces de liderar el desarrollo y balancear los intereses de distintos grupos. Son Estados que continúan muy debilitados”, definió.

En ese sentido, y a la luz de que en diciembre de este año se cumplen 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana, recalcó que “este cambio de ciclo también amerita que uno piense en el modelo de desarrollo” de la región, en replantearlo. Como muestra de la economía de la región, en algunos países las remesas son 10 veces la inversión extranjera directa y en algunos casos son mayores al gasto de gobierno.