A raíz de una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a José Ramón y Lourdes Zebadúa González, hermanos de Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los hermanos de Zebadúa son indagados como presuntos responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tras ser ubicados como beneficiarios de los desvíos de recursos realizados durante la llamada estafa maestra por parte de Emilio Zebadúa, uno de los principales colaboradores de Rosario Robles Berlanga, sujeta a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
José Ramón y Lourdes Zebadúa habrían recibido más de 142 millones de pesos, de acuerdo con la querella formulada el 21 de octubre de 2020, dos días después de que Emilio Zebadúa declaró por primera vez ante la FGR como parte del acuerdo para obtener el criterio de oportunidad y no ser acusado por los desvíos ocurridos entre 2012 y 2018.
En el oficio UEIORPIFAM-AI-218/2020 se menciona que ambos incurrieron en exceso de gastos que resultan incongruentes con sus actividades, así como con los ingresos reportados a Hacienda y las erogaciones detectadas por la UIF.
José Ramón Zebadúa –quien fue acusado de cometer fraude al PRD– reportó ingresos por más de 21 millones de pesos y gastos por 48 millones entre 2015 y 2019.
El escrito de denuncia de la UIF refiere que “resulta incongruente que José Ramón y Lourdes de apellidos Zebadúa González, siendo hermanos de una persona investigada por posiblemente desviar cantidades millonarias de recursos de la administración pública federal, operen en el periodo que Emilio Zebadúa González se desempeñó como oficial mayor en la Sedatu un aproximado de 142 millones 417 mil pesos, mismos que no guardan congruencia con sus actividades económicas y de los que se desconoce el origen, pues posiblemente provengan de actos de corrupción” de su hermano.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refiere que entre los años “2017 y 2019 Lourdes Zebadúa González erogó por concepto de gastos en casinos la cantidad de 58 millones 600 mil pesos, y de 2014 a 2019, 26 millones 100 mil en transacciones de tarjetas de crédito.
“Lo relevante de tales operaciones, en principio de cuentas, deriva de que no se cuenta con información suficiente para contrastar los ingresos de Lourdes Zebadúa, puesto que la misma es omisa en presentar declaraciones de ingresos y egresos ante la autoridad hacendaria, por lo que se desconoce cuál es el origen de las cantidades de activos que opera, lo que se considera una estrategia para no enterar a la autoridad fiscal acerca de los montos transaccionados, pues con un alto grado de probabilidad, los mismos provienen de actividades ilícitas.”
Respecto de José Ramón Zebadúa, la UIF refirió que “considera irregular que una persona física realice erogaciones por un monto que supera sus ingresos en 70 por ciento, máxime cuando resulta evidente que los mismos no encuentran justificación en una actividad lícita, pues la falta de declaración de tales ingresos ante la autoridad fiscal puede ser una estrategia elaborada por Emilio Zebadúa para evitar que el verdadero origen de los recursos operados sea conocido por la enti-dad fiscalizadora”.
En enero 2007, el PRD presentó una denuncia penal en contra de su ex oficial mayor, José Ramón Zebadúa, al detectar irregularidades en el manejo del presupuesto durante la gestión de Rosario Robles.
En ese entonces el dirigente nacional del sol azteca era Leonel Cota Montaño. La denuncia fue interpuesta después de las elecciones de julio de 2006 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya que se detectó que Ramón Zebadúa presentó facturas apócrifas por 40 millones de pesos.
A través de su cuenta de Twitter, Rosario Robles señaló que “el presidente (Andrés Manuel López Obrador) está mal informado” al señalar que la ex funcionaria debe resarcir el daño económico que causaron sus omisiones como titular de Sedesol y Sedatu. Ella escribió: “no estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo”.
