Buenos Aires. La dura represión de la policía en la provincia de Formosa, que gobierna el oficialista Gildo Insfrán, dejó varios heridos y detenidos durante protestas contra la disposición de regresar a la fase primera de aislamiento por la nueva oleada de Covid-19; la violencia fue condenada por el jefe de gabinete y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Cafiero y Horacio Pietragalla Corti, respectivamente.

Cientos de manifestantes, entre los que figuraron dirigentes de la oposición, marcharon ante la casa gubernamental, a la que –arrojando piedras, ladrillos y huevos– intentaron ingresar. Al estallar los incidentes se produjo una brutal represión policial con golpes, gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma, que dejaron algunos heridos y detenidos.

En un primer mensaje en Twitter, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió “la violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy (ayer) frente a la Gobernación”.

Luego, en un comunicado, expresó que “no se justifica el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”, y señaló que las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, deben ser capacitadas para contener actos de violencia en las protestas “en un marco de pleno respeto de los derechos humanos”.

El comunicado también menciona que la violencia vivida en las horas recientes tiene un trasfondo en “la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia y el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos”. Además, informó que mantiene comunicación con las autoridades provinciales y organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de heridos y detenidos.

En Formosa hubo desde el año pasado una denuncia por “la rigidez impuesta en las medidas”, entre ellas el cierre de la frontera con provincias vecinas, impidiendo la entrada de formoseños a los que la pandemia sorprendió fuera de su provincia, lo que llevó a la intervención de organismos internacionales por pedidos de la oposición y la Corte Suprema de Justicia para lograr el regreso de los afectados.

A principios de este año, dos concejales de la oposición, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, fueron detenidas por encabezar una protesta ante una escuela donde funcionaba un centro de asilamiento sanitario para contagiados de coronavirus, al que consideraron una especie de “campo de concentración”, iniciando una campaña y llevando el caso ante organismos internacionales.

Eso llevó al envío a la provincia de una comisión del gobierno de Alberto Fernández –encabezada, entre otros, por el secretario Pietragalla Corti–, que después de visitar los centros de aislamiento señaló en un informe que no podían considerarse de manera alguna “campos de concentración”, pero recomendó al gobierno provincial la revisión de la aplicación de las medidas, entre otras normas.

Todo esto sucedió en momentos en que la oposición de Cambiemos comenzó una campaña ante la decisión del gobierno de Fernández de derogar, por inconstitucional, el decreto 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri, que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarles las garantías mínimas del debido proceso ni el derecho a la defensa, por lo que reclamaban los organismos de derechos humanos.

“Este decreto era un acto de propaganda que sólo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista”, dijo la funcionaria de Migraciones, Florencia Carignano.

La dirección de Migraciones informó también que el gobierno de Cambiemos autorizó en 2019 el ingreso al territorio nacional de extranjeros sin documentación para acreditar identidad, señaló Página 12.

Se confirmó además que se investigan irregularidades cometidas durante el macrismo desde la dirección de Migraciones, como usar las bases de datos para hacer espionaje ilegal, la falta de protección de datos personales, así como casos de corrupción por connivencia de funcionarios del área y nexos con la mafia china.