Washington. El presidente Joe Biden expresó ayer su apoyo a cambiar las autorizaciones para el empleo de la fuerza en Medio Oriente que datan de hace décadas, una semana después de utilizarlas para ordenar un ataque aéreo de represalia a una milicia respaldada por Irán en el este de Siria.
El gobierno de Biden anunció su posición tras la presentación de un proyecto de ley bipartidista que derogaría las autorizaciones de 1991 y 2002 para las guerras en Irak. Presidentes de los dos partidos las han utilizado como justificación legal para ordenar ataques en la región.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden está comprometido a trabajar con el Congreso para “garantizar que las autorizaciones vigentes para el empleo de la fuerza militar sean remplazadas por un marco estrecho y específico que asegure que podemos proteger a los estadunidenses de las amenazas terroristas y a la vez poner fin a las guerras interminables”.
Biden provocó una reacción adversa de ambos partidos la semana pasada cuando ordenó los ataques a instalaciones utilizadas por el movimiento Kataib Hezbollah en Siria, en represalia por un atentado con cohetes en febrero a personal militar y civil estadunidense en el norte de Irak, sin pedir autorización al Congreso.
El senador demócrata Tim Kaine, uno de los patrocinadores del proyecto, señaló que apoyarse en autorizaciones de décadas atrás para el empleo de la fuerza militar “no sirven a propósito operativo alguno, nos mantienen en pie de guerra permanente y socavan la soberanía de Irak”.
“Los ataques aéreos de la semana pasada en Siria demuestran que el Ejecutivo, independientemente de su partido, seguirá abusando de sus poderes de guerra”, aseveró Kaine.
Funcionarios del gobierno indicaron que los ataques son legales y apropiados, ya que destruyeron instalaciones que alojaban “armamento” de milicias respaldas por Irán para atacar a las fuerzas estadunidenses y sus aliados en Irak.
Pero varios dirigentes del legislativo, incluso del Partido Demócrata, denunciaron los ataques, la primera medida militar autorizada por Biden. Kaine y otros sostuvieron que la acción militar ofensiva sin aprobación del Congreso es inconstitucional salvo en circunstancias extraordinarias.
En tanto, el Senado comenzó ayer una sesión maratónica de votación del proyecto de ley demócrata de asistencia económica de 1.9 billones de dólares para la pandemia de Covid-19, después de soportar un extraordinario retraso de medio día provocado por un enemigo republicano de la principal prioridad legislativa del presidente Biden.
La cámara alta tenía previsto empezar a votar hacia el mediodía una montaña de enmiendas, en su mayoría de opositores republicanos y prácticamente todas destinadas a ser rechazadas. Eso pondría al Senado en camino de aprobar su versión revisada de la masiva iniciativa de ley, probablemente durante el fin de semana, y enviarla de vuelta a la Cámara de Representantes para que ésta pueda entregar el paquete final a Biden para su firma.
La promulgación le daría al presidente una importante y temprana victoria legislativa.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó ayer al ex asistente del Departamento de Estado y ex colaborador del ex presidente Donald Trump, Federico Klein, y lo acusó de agresión contra agentes de policía durante el incidente del 6 de enero en el Capitolio, sede del Congreso, revelan documentos judiciales publicados por la prensa local.
“El declarante observó a un sujeto cometiendo agresiones contra el Departamento de Policía Metropolitana y los agentes de la policía del Capitolio” el pasado 6 de enero, dicen los documentos, según el periódico The New York Times.
El FBI asegura que la revisión del incidente incluyó más de una docena de fotos como evidencia de que Klein participó en los disturbios de ese día. La agencia dice que Klein se involucró verbal y físicamente con los oficiales, lo que afectó su capacidad para dispersar a la multitud.
Klein, quien trabajó en el Departamento de Estado y anteriormente para la campaña presidencial de Trump en 2016, violó una serie de leyes, incluida la entrada a un área restringida sin autorización legal, la participación en conductas disruptivas y en actos de violencia física en el Capitolio.
