Trece diputados del Congreso de Nayarit solicitaron licencia por tiempo indefinido, en esta semana, para separarse del cargo e ir en busca de la relección o por una alcaldía, y el viernes varios suplentes ya rindieron la protesta de ley correspondiente.
El Congreso nayarita se compone de 30 diputados y el número de solicitantes de licencia podría aumentar, entre ellos el presidente de la legislatura estatal, Leopoldo Domínguez.
De los 13 que se separaron del cargo ninguno pertenece al PRI y al menos siete buscan ser candidatos a las alcaldías de Tuxpan, Xalisco, Santiago Ixcuintla, Tepic, San Blas, Acaponeta e Ixtlán del Río; el resto buscarán la relección e incluso una diputación federal.
Los legisladores con licencia pertenecen a PAN, PRD y PT. De igual forma, hasta el viernes los presidentes municipales de Santiago Ixcuintla, Rosamorada y Bahía de Banderas solicitaron su separación indefinida, y dos de ellos buscarán la relección. Nayarit cuenta con 20 ayuntamientos.
En Tepic, nueve de 14 regidores rindieron protesta al cargo, pues los nueve con licencia buscarán una candidatura. En el municipio de Santiago Ixcuintla, la regidora con licencia Joana Ceceña dejó a su mamá como su suplente.
El 6 de junio próximo, en Nayarit se renovará la gubernatura, 20 ayuntamientos, 18 diputados de mayoría y 12 de representación proporcional.
En Zacatecas, Jorge Miranda Castro renunció a la Secretaría de Finanzas del gobierno que encabeza el priísta Alejandro Tello Cristerna, para buscar la candidatura al ayuntamiento capitalino por la coalición Morena, PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista.
El anuncio ocasionó inconformidad entre los simpatizantes de Morena, quienes consideran la postulación del ahora ex funcionario del régimen priísta como una nueva decisión pragmática, de la cúpu-la nacional que encabeza Mario Delgado.
Sobre todo, porque Miranda Castro es uno de los artífices del crecimiento de la deuda pública de Zacatecas, pues al principio del quinquenio de Tello Cristerna, aplicaron una acción de “reingeniería financiera”, en 2016, como una “solución” para el manejo de la deuda pública por más de 12 mil 500 millones de pesos, heredada por el también priísta Miguel Alonso Reyes (2010-2016).
