En vísperas del Día Internacional de las Mujeres, y a nueve meses de que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) por Agravio Comparado en el estado de Guerrero, las organizaciones peticionarias de la alerta urgieron a las autoridades federales y estatales a implementar las medidas dictadas para garantizar la seguridad e integridad de mujeres, adolescentes y niñas guerrerenses.

En conferencia de prensa virtual, Angie Palafox, de la Red de Jóvenes Activistas por los Derechos Sexuales y reproductivos, indicó que el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública informó y documentó que de enero de 2020 a enero 2021 ocurrieron en Guerrero 201 casos de violación sexual y 337 casos de abuso sexual. Ademas hubo cuatro denuncias en relación al aborto. Según el INEGI, Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazo adolescente, y la mayoría de esos embarazos suceden en un contexto de violencia sexual.

Añadió que Guerrero “está en la mira a nivel nacional e internacional”, pues las agrupaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) enviaron al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU información sobre la situación en la entidad.

Dijo que en ese estado existen una “serie de violaciones graves de derechos humanos a víctimas de violación sexual y abuso sexual” y hoy se cumplen nueve meses desde que se decretó la segunda alerta de género, tiempo en que han aumentado las cifras, que tienen nombre: son mujeres y niñas, mientras el gobierno del estado, el poder legisltivo y judicial de la entidad no han hecho nada para establecer los parámetros de la alerta”.

Asguró que en Guerrero es “prácticamente imposible” aplicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por violación; no podemos esperar a que el proceso electoral pase, y a que llegue una nueva legislatura y un nuevo gobernador para que atiendan esas medidas.

Sobre esto último, Rodolfo Domínguez, asesor jurídico del OCNF expuso que “no pueden depender la vida los derechos de las mujeres de la agenda electoral” del estado, más aún cuando existe un “contexto complejo y grave de violencia contra las mujeres”.

La entidad “tiene una deuda histórica con las mujeres, particularmente en la violencia sexual; es un estado violento e impune, en donde las mujeres se encuentran en una situación de gravísima de vulnerabilidad; se deben garantizar la libertad sexual y reproductiva de las muejeres, no podemos seguir con simulaciones y omisiones, porque esto pone en riesgo la vida de las mujeres, niñas y adolescentes”.

La AVGM fue declarada el 5 de junio de 2020, “tras el incumplimiento del estado de Guerrero para demostrar avances en garantía de los derechos de las mujeres guerrerenses. Sin embargo, hasta ahora el gobierno del estado no ha hecho público el Plan de trabajo ni las acciones que realizarán para dar cumplimiento a las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación”.

Añadieron que esa situación es “preocupante ya que el gobierno guerrerense tiene hasta diciembre de este año para cumplir cabalmente con​ ​las medidas de prevención, seguridad y justicia”.

La Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Guerrero fue solicitada el 8 de marzo de 2019 por el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO) y Justicia, Derechos Humanos y Género, con el acompañamiento del OCNF y Católicas por el Derecho a Decidir. Así Guerrero se convirtió en el segundo estado en decretar una alerta de este tipo y en tener dos AVGM decretadas: una por feminicidio y otra por agravio comparado, relacionada con la existencia de normativa que discrimina a las mujeres guerrerenses.

Ante ala situación las agrupaciones pidieron a la Conavim “establecer claramente el mecanismo que garantice el cumplimiento de las medidas establecidas en la declaratoria, así como el seguimiento y evaluación en donde participen las organizaciones peticionarias y expertas en la materia”.

Al Poder Ejecutivo estatal lo conminaron a “entregar el Programa de Trabajo con el que implementará las medidas, en donde se tendrá que garantizar la participación de la sociedad civil peticionaria, además de transparentar públicamente los recursos destinados, así como las autoridades responsables de cada una de las medidas y una propuesta de indicadores de impacto”.

Al Poder Legislativo estatal le exigieron “reformar de manera inmediata el artículo 159 del Código Penal del estado para garantizar la ILE a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual” y al Poder Judicial estatal le solicitaron “coadyuvar con la Fiscalía para la revisión de las carpetas de investigación de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto”.

Así mismo a la Fiscalía General del Estado de Guerrero la exhortaron a “explicar cómo va a fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia sexual; cómo va a mejorar la coordinación con la Secretaría de Salud para la implementación de la Norma 046, y cómo va a mejorar su programa de capacitación con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos”.