Ciudad de México. Debido al riesgo de candidatos a puestos de elección popular de sufrir violencia política, el gobierno federal anunció la implementación de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral. Desde que se inició el actual proceso, en septiembre pasado, se han registrado 73 crímenes políticos entre los que hay 64 víctimas de homicidio, detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Durante la presentación del plan en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que, además, se busca la coordinación con los gobernadores para este fin, pero aclaró que la protección de candidatos debe ser de manera voluntaria.

En tanto que, al ser cuestionado por un presunto reportero de Tamaulipas que se hincó en medio del Salón Tesorería para preguntar sobre el desafuero contra el gobernador de esa entidad, Javier García Cabeza de Vaca, el Presidente reiteró su postura de transparentar la información, aunque expresó que su gobierno será respetuoso del proceso.

La estrategia de protección para los participantes del proceso electoral tiene mayor relevancia ante el elevado número de cargos en juego, que suman más de 21 mil entre las gubernaturas, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y regidurías, explicó Rodríguez.

Al apuntar que había regiones donde la delincuencia organizada y de cuello blanco “decidían candidatos”, indicó que los grupos criminales han aplicado un “amplio repertorio” de acciones para incidir en los comicios, como “homicidio, secuestros, privación de la libertad, intimidación de familias, quema de domicilios y extorsión”.

También “cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos, en especie o les otorgan protección personal, capital humano para sus campañas”. Posteriormente toman “el control de las finanzas, extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores”.

La mayor parte de la violencia política se ha registrado en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Agregó que en Sinaloa se perciben “más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”.

Más tarde, al preguntársele sobre el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, el Presidente expresó: “Vamos a ser respetuosos de ese procedimiento y lo único que quiero dejar claro, desde el principio lo expresé, es que nosotros no fabricamos delitos en contra de nadie, como tampoco somos tapadera de nadie; no vamos a encubrir a nadie. Por eso soy partidario de la transparencia en estos casos, porque eso despeja mucho las dudas”.

Acerca de una presunta red de lavado de dinero en la que podrían estar involucrados ex funcionarios federales, consideró que “el debido proceso debe quedar en segundo plano y se debe de privilegiar la transparencia cuando se trata de delitos presuntamente cometidos por servidores públicos”.

El Presidente se refirió a un presunto permiso solicitado por el ex líder del Sindicato Petrolero Carlos Romero Deschamps, para tomar vacaciones continuas hasta 2024 bajo el argumento de no haber tomado sus descansos anteriormente. Ante ello, pidió a Pemex revisar el caso y actuar, ya que de confirmarse “es una burla” e “independientemente de lo legal, eso es inmoral” y una ofensa para la población.