Uno de los caballos de batalla favoritos de la reacción en sus campañas contra la Cuarta Transformación es que el actual gobierno carece de conciencia ambiental, desprecia las energías limpias y no tiene el menor interés en impulsar la transición energética. Tales asertos no sólo son falsos, sino que son proyectivos: fue el régimen neoliberal el que dejó graves desastres ecológicos a su paso, el que permitió el secuestro de la industria eléctrica por un puñado de corporaciones y el que descuidó de modo criminal la infraestructura hidroeléctrica del país, que es la principal fuente de energías limpias con que cuenta el país.
Ciertamente, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y disposiciones administrativas de la presidencia lopezobradorista han afectado a generadores privados que usan tecnologías eólicas y/o fotovoltaicas, sí, pero no por el tipo de tecnología que utilizan, sino porque han saqueado al erario mediante contratos ventajosos, mañosos y leoninos, firmados al amparo de la reforma energética peñista, y orientados a obtener las máximas ganancias posibles sobre las ruinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ejemplo claro de este saqueo es la obligación que pesaba sobre la empresa productiva del Estado de comprar a esos generadores su producción. Esta obligación escrita entrañaba una segunda, implícita, que era la de respaldar con sistemas propios la electricidad adquirida, que tiene un alto grado de intermitencia: es una obviedad que las plantas solares producen sólo cuando hay sol y que los campos eólicos sólo lo hacen cuando hay viento. Así, esas aportaciones introducen una variabilidad insostenible al sistema eléctrico nacional, el cual tiene que producir, grosso modo, la misma cantidad de electricidad que se consume y en el momento en que se consume. De modo que si la CFE firmaba un contrato con un proveedor privado basado en solar o eólica, tenía que contar con sistemas de respaldo propios y listos para funcionar cuando el abastecimiento fallara por razones climáticas y meteorológicas. Y ese respaldo sólo puede realizarse mediante combustibles fósiles (termoeléctricas que funcionan con carbón o combustóleo o plantas de ciclo combinado a base de gas natural) o, en forma marginal, con instalaciones geotérmicas. Pero si las instalaciones de los privados funcionaban a pleno pulmón, en días de viento o de intensa irradiación solar, la CFE tenía que apagar o desconectar sus propias plantas para permitir la entrada de esa electricidad suplementaria sin sobrecargar el sistema. Aun así, los seudoambientalistas tienen el descaro de afirmar que la electricidad de esos proveedores “es más barata” que la generada por la empresa del Estado.
En primer término, la 4T no aspira a reducir el uso de combustibles fósiles mediante costosos y fluctuantes megaproyectos solares o eólicos, como los que instalaron los privados, sino con la restauración de lo que ya se tiene: la infraestructura hidroeléctrica del país, cuya producción es limpia y renovable, que representa un activo formidable y cuya capacidad instalada puede aumentarse en forma significativa. Es un proceso lento por necesidad –no se le cambian las turbinas a una presa de un día para otro– y caro, pero la inversión necesaria dejará un componente insustituible en la producción eléctrica nacional para, cuando menos, dos generaciones. Otro tanto puede decirse de la explotación de yacimientos geotérmicos, cuyo potencial en el territorio nacional sólo se ha desarrollado en una pequeña parte y que requiere de mucho trabajo de prospección para lograr su pleno rendimiento.
Las tecnologías solar, eólica, microhidráulica y microgeotérmica, por su parte, permiten concebir el surgimiento de un sector social en el ámbito energético, el cual fue controlado por el Estado y posteriormente, abierto y entregado al sector privado. En primer lugar, tales modalidades deben orientarse a superar de manera definitiva, en modalidad de autoabastecimiento, la marginación eléctrica en la que aún viven millón y medio de mexicanos, sea porque sus lugares de residencia están muy alejados de las líneas de CFE o porque habitan en asentamientos de muy reciente creación. Ese sector, por cierto, no ha sido atendido jamás por los tiburones energéticos que hoy incorporan hojas verdes y mariposas en sus logotipos para presentarse como preocupados por el ambiente ni por los grupos de interés que se presentan como sociedad civil.
En una segunda instancia, el impulso a las energías renovables y limpias puede enraizar en unidades productivas de carácter social, como cooperativas, ejidos, comunidades, barrios y multifamiliares, o bien en ayuntamientos y municipios, no sólo para uso doméstico y alumbrado, sino incluso con el propósito de comercializar excedentes.
En suma, la transición energética de la 4T debe seguir la lógica general de este gobierno: impulsar el desarrollo desde abajo y sin excluir a nadie.
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