Mexicali, BC. El acoso sexual en campos agrícolas y en sus comunidades es uno de los principales problemas que aquejan a jornaleras, dieron a conocer integrantes del Concejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín.

Además, dijeron, este tipo de delitos también lo viven en California, las trabajadoras del campo de México y Centroamérica aún más cuando carecen de papeles migratorios y hablan su lengua materna.

Datos oficiales indican que uno de cada dos de los 34 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sur de Baja California, son mujeres que trabajan el campo, sin considerar a quienes se encuentran en el trabajo informal y se contratan por jornada.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, jornaleras agrícolas de San Quintín se reunieron en San Vicente Camalú con el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, el dirigente de este organismo a nivel local, Salvador García, y representantes patronales, entre ellos de las agro empresas Berrymex y Driscoll.

Allí les plantearon la problemática de las jornaleras que permanece soterrado pero es una realidad silente que viven las víctimas, ante la indiferencia de patrones y autoridades.

El acoso sexual es una realidad en los campos y las comunidades, señaló una jornalera del ejido Zapata, quien confesó ser víctima de este ilícito.

Muchos hombres van a los campos de Estados Unidos con visa temporal de trabajo, otros se van sin contrato y no regresan, por lo que muchas mujeres se convierten en jefas de familia al quedarse solas con sus hijos.

En estas circunstancias se generan abusos y acoso sexuales en el trabajo y comunidades, comentó, por lo que es urgente acotar este clima de incertidumbre y violencia contra las mujeres.

Los delitos sexuales afectan a jornaleras en San Quintín y también a aquellas trabajadoras en los campos en California, de acuerdo con Guadalupe R, una mujer que laboró como podadora en un invernadero de flores de Palm Springs, California, junto con otras 600 personas, la mayoría mujeres.

Allende la frontera, una trabajadora gana 15 dólares la hora en una jornada de nueve horas pero se incrementa a 21 en tiempo extra. En San Quintín, cobran esa cantidad pero en todo un día.

"La situación se agrava cuando no se tienen papeles, y las mujeres debemos soportarlo para vivir aquí ante la amenaza de la denuncia para que nos deporten", aseveró.

Sin documentos migratorios, Guadalupe trabaja ahora en el almacén de una tienda departamental pues decidió arriesgarse a dejar esa empresa ante el acoso de otro trabajador. Sufrió un rosario de casos, el primero con un supervisor que pretendió sobrepasarse aunque supo sortear cada embate pues sus compañeros sabían que no tenía sin pareja.

"Viene mucha gente de Centroamérica pero casi no tienen papeles, sobre todo de Guatemala, ni al baño van, no dicen nada; se aprovechan y las explotan los managers y leads, a diferencia de las mexicanas que si se quejan de abusos", comenta en entrevista esta mujer oriunda de Tuxtepec, Oaxaca, que hizo vida en California, donde nacieron sus tres hijos.

Las jornaleras de Guatemala hablan su idioma, apenas un poco de español, y sufren discriminación y abusos, incluso entre los mismos trabajadores.

Sin estancias infantiles

Otro problema que sufren las mujeres que laboran en el campo es el cierre de estancias infantiles, por la eliminación de los apoyos federal y estatal en ese rubro, comentó la vocera del Concejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín, Lucila Hernández, una mujer originaria de Oaxaca que ha residido en San Quintín la mayor parte de su vida.

Hernández explicó que el IMSS incumple con este derecho, ni el de proveer un cuidado integral, pues es una prestación pese a que recibe aportaciones y cuotas de empresas y trabajadores, como ella.

"El Seguro Social está obligado a poner estancias para los niños mientras las madres trabajan, antes había subsidios pero este gobierno los quitó para entregarlo directo, es un dinero que no llega para este fin y los niños se quedan con familiar, con el hermanito mayor, hay descuido y los menores están en riesgo", advirtió la activista de los derechos de los trabajadores agrícolas.