Nueva York. En el país donde Edison prendió los primeros focos y la energía eléctrica alumbró el desarrollo de la superpotencia, las políticas de desregulación durante las últimas tres décadas han provocado caos, corrupción, destrucción ambiental y apagones masivos, como el de Texas –y México– del mes pasado sólo la catástrofe más reciente.

Al colocar en manos privadas la generación y distribución de la electricidad, mucho de ello a través de lo que en cualquier país se consideraría corrupción política, los resultados han incluido el colapso escandaloso de la hasta entonces muy respetada empresa Enron –cuyos ejecutivos fueron enjuiciados hace justo 15 años por fraude y conspiración y que desde entonces es emblema de corrupción financiera en el sector energético–, apagones masivos en Texas y antes en California y Nueva York durante los últimos años, y ceguera voluntaria y criminal ante el cambio climático.

La especulación que violó la promesa de consumidores beneficiados por la privatización del sector fue exhibida más recientemente hace un par de semanas en Texas con empresas privadas cobrando facturas astronómicas a hogares, algunas llegando a 10 mil dólares, comparado con los 200 dólares normales, mientras las empresas privadas texanas festejaban el negocio del desastre que dejó a millones sin electricidad y por ello sin calefacción y agua potable. “Es como ganarse la lotería”, exclamó un ejecutivo de Comstock Resources –empresa energética cuyo mayor accionista es el dueño de los Cowboys de Dallas– a sus accionistas.

A cuatro minutos del colapso

La tormenta invernal que golpeó al estado a mediados de febrero provocó que la red eléctrica llegara a unos sólo cuatro minutos de un colapso completo, reportó el Texas Tribune. La ironía estaba ante todo mundo: el estado con la mayor producción de energía del país estaba por quedarse sin energía.

El desastre fue en gran medida resultado de lo que The New York Times llamó “el experimento más extenso de la nación en la desregulación eléctrica”, el cual fue impulsado en 1999 por el entonces gobernador George W. Bush y que entregó el control entero del sistema de electricidad a un mosaico de empresas privadas. Éstas no invirtieron en proteger la red estatal ante fenómenos como esa tormenta a pesar de advertencias, y no ayudó que el estado de la “estrella solitaria” no conectara su red eléctrica a la de otros estados, quienes no podían entonces rescatar a su vecino.

La catástrofe texana generó furia entre millones de consumidores y una tormenta política. El lunes, DeAnn T. Walker, presidenta de la entidad reguladora del sector eléctrico, la Comisión de Servicios Públicos de Texas, fue obligada a renunciar mientras los políticos buscaban desesperadamente a quién culpar, a pesar de que todos sabían perfectamente quiénes eran los responsables. Buena parte de ellos fueron electos con el apoyo de las mismas empresas que provocaron el desastre; el gobernador Greg Abbott ha recibido 26 millones de dólares del sector energético para sus campañas electorales. La propia Walker invitó a otros funcionarios y empresas energéticas a mostrar “valentía” y asumir responsabilidad.

Pero esto no se limita a Texas. Existen tres tipos de entidades en el sector eléctrico en Estados Unidos: empresas privadas propiedad de inversionistas que surten energía a dos tercios de los estadunidenses, empresas públicas y cooperativas rurales. Cada estado establece sus propias regulaciones, el tipo de mercado y entidades de supervisión.

La desregulación parcial que se inicio en los 80 y se aceleró en los 90 bajo el esquema neoliberal compartido por ambos partidos políticos ha privilegiado una mayor concentración económica de empresas energéticas privadas que controlan monopolios regionales y, a la vez, han incrementado su influencia política.

Las consecuencias de esto incluyen el freno del desarrollo de energía renovable, decisiones para beneficiar a accionistas a costo de consumidores y falta de inversión en infraestructura y mecanismos de protección y seguridad, todo lo cual se ha manifestado en desastres como los incendios forestales en California en donde PG&E es parcialmente culpable de los desastres ecológicos y cobros excesivos a comunidades.

Vale señalar que fue Franklin Roosevelt quien criticó la “manipulación del mercado” y otros abusos de los monopolios energéticos de los años 20 y que, por primera vez, los sometió a regulaciones federales como parte del New Deal mientras impulsó entidades de energía públicas.

Hoy día continúan diversas luchas para “democratizar” el sector eléctrico al buscar otorgar mayor control a comunidades locales, reducir el poder de los monopolios privados sobre la red eléctrica nacional y elevar el bien público, incluyendo el ambiental sobre las ganancias de accionistas (https://bit.ly/3rlg153).

Ante el cambio climático y debido al caos generado por estas empresas privadas, agrupaciones progresistas han propuesto toda una serie de iniciativas, incluyendo la más ambiciosa, promovida por el entonces candidato presidencial Bernie Sanders el año pasado, por un tipo de nacionalización parcial del sector de generación eléctrica para lograr el giro necesario de convertirlo en un sector basado sobre recursos renovables.

Otras iniciativas alrededor del país buscan ampliar el poder del público sobre el sector: en San Francisco se busca tomar control público de la empresa PG&E; en Chicago se busca desvincular la ciudad de depender sobre la empresa Exelon, propuestas para crear una empresa pública de servicio de energía en Boulder y propuestas en varios estados para establecer entidades publicas de energía.