Quien abuse del derecho a la información y difunda imágenes de víctimas de feminicidios deberá pagar una indemnización de hasta 700 unidades de cuenta, unos 62 mil 734 pesos, se establece en una iniciativa de ley propuesta por la diputada Paula Soto, de Morena.

En un paquete de reformas a la Ley de Responsabilidad Civil se modifican varios artículos para establecer que la difusión de imágenes gráficas de víctimas de feminicidios o de violencia por razón de género suponen un daño injustificado a la dignidad humana y la revictimización, por lo que ascendientes o descendientes de la víctima u organizaciones civiles podrán solicitar que se elimine el contenido como medida de reparación del daño.

En caso de que no se pudiere eliminar, se fijará una indemnización de hasta 700 unidades de cuenta.

Hace una semana, el Congreso capitalino aprobó una reforma similar, conocida como Ley Ingrid, para castigar única y exclusivamente a funcionarios públicos que difundan imágenes de víctimas.

Las sanciones por cometer dicho delito podrían alcanzar de dos a seis años de prisión y una multa de 500 hasta mil unidades de medida, es decir, hasta 89 mil 620 pesos.

Igualmente, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano propuso una reforma para iniciar investigaciones de oficio en contra de servidores públicos, de cualquier nivel, que probablemente estén implicados en retrasar injustificadamente o denegar el acceso a la justicia.

Asimismo, se establecen medidas de rehabilitación permanentes para las víctimas indirectas, mientras en el sistema educativo local se buscará fomentar la perspectiva de género y la erradicación de la cultura de discriminación contra las mujeres.