La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió al Congreso capitalino información de las investigaciones que debió realizar la Contraloría General sobre seis acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria que promovió por irregularidades detectadas en la cuenta pública de 2018.
Entre las omisiones detectadas –que el Congreso no aclaró o justificó con la información enviada en su momento a la ASF– está un incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera al cerrar el periodo con un presupuesto modificado del capítulo Servicios Personales por mil 596 millones 318 mil pesos, 5 millones 425 mil 200 más respecto de lo aprobado originalmente en su presupuesto.
No proporcionó las variables para calcular y determinar el monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para servicios personales, por lo que no fue posible constatar la asignación global y verificar el cumplimiento. No asignó recursos para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores y tampoco publicó en su portal de transparencia el balance presupuestario, estados analíticos de ingresos y egresos detallados.
La ASF, órgano auxiliar de fiscalización de la Cámara de Diputados, aplicó una auditoría de cumplimiento al Congreso local para verificar la observancia de las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera, así como la congruencia de sus informes financieros con la cuenta pública de 2018 –último año de la última legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la instalación del Congreso de la Ciudad de México– en la que se detectaron irregularidades por las que presentó seis denuncias ante la contraloría interna del Legislativo.
El titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Dirección General de Informes, Control y Registro de la ASF, Isaac Rojkind Orleansky, dirigió un oficio a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Margarita Saldaña Hernández, para solicitar que “esa instancia de control interno a su digno cargo remita a este órgano técnico de fiscalización las resoluciones de los procedimientos que a la fecha del corte se encuentran pendientes”.
Otra anomalía reportada fue que su información financiera, presupuestal y programática no fue congruente y presentó diferencias en los formatos de situación financiera, activo, deuda y otros pasivos y flujo de efectivo con lo reportado y publicado en la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2018.
