La aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica viola derechos humanos, como el de acceso a la participación conforme al recién ratificado Acuerdo de Escazú; a la salud y al medio ambiente sano, sobre todo de los sectores más vulnerables, además de retrasar aún más el cumplimiento de México a los acuerdos internacionales en combate al cambio climático, advirtió el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire.

Señaló que la también conocida como ley combustóleo, aprobada en el Senado en una sesión convocada de última hora, se caracterizó por la ausencia de diálogo con expertos, jóvenes y sociedad civil, pues no se convocó al ejercicio de parlamento abierto.

En tanto, la directiva nacional del PAN ratificó que recurrirá a todas las vías legales posibles para echar atrás la reforma eléctrica, la cual, insistió, elevará los costos de producción de la industria y ahuyentará las inversiones.

“La contrarreforma energética saldrá muy costosa a la población y afectará directamente el bolsillo de los mexicanos, por lo que tomaremos todas las vías legales para echar atrás este atropello contra la nación”, dijo el dirigente panista Marko Cortés.

Por su lado, el Partido de la Revolución Democrática añadió que con la reforma se expone al país a prácticas monopólicas y no se garantiza un servicio eléctrico sustentable y a mejor precio. También se violan tratados internacionales en la materia, como el Acuerdo de París.

Consideró que se provocará una severa crisis ambiental que acelerará el cambio climático, pues no se apuesta a las energías limpias y se sigue dependiendo de combustibles fósiles.