El sector privado del país confía en que el Poder Judicial protegerá los intereses económicos de las empresas que resulten afectadas por la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En el foro Electricidad para el futuro de México el dirigente señaló que los cambios ratificados por el Senado se traducirán en un alza de 26 por ciento en las tarifas eléctricas.
Comentó que la reforma no explica si el sobrecosto que implique el consumo de la energía despachada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será pagado por el sector productivo o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) creará un subsidio.
Señaló que las modificaciones tendrán un impacto, “porque al final, estos agentes económicos que invirtieron de buena fe en nuestro país deberán tener alguna protección del Poder Judicial a sus intereses legítimos.
“El consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le saldrá más caro, esa camisa, ese bien, ese kilo de tomate que va consumir este día, esa sopa o carne serán más caros porque el precio de la electricidad para producirlos se elevará o, por otro lado, tendremos que pagar más impuestos para poder dar al erario la cantidad de dinero suficiente para financiar los 60 mil millones de pesos”, dijo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) analiza las rutas legales para evitar que se implemente la reforma, pues consideró que es una “pésima señal” que México envía al mundo y tendrá un costo económico al ahuyentar las inversiones.
Lamentó que las modificaciones se ratificaron en fast track, sin realizar un parlamento abierto, lo que “revela una intencionalidad política y no técnica, ni social, ni ambiental en su aprobación”.
Agregó que la ley “puede terminar como letra muerta al provocar litigios desde su primer día, que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional, pues vulnera el artículo 28 de la Constitución”.
César Hernández Ochoa, quien fue subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía (Sener) en la pasada administración, comentó que “será mucho más complicada la impugnación que la que vimos con la política de confiabilidad. Una ley no es lo mismo que una regulación, entonces no me extrañaría que muchos amparos no fueran exitosos”.
Analistas de Intercam señalaron que los primeros afectados serán los inversionistas que destinaron capital para la construcción de parques eólicos o solares, pues ya no gozarán de las preferencias que les otorgaba la ley anterior y podrían tener menos rentabilidad. La situación puede replicarse en generadores de autoconsumo y cogeneradores, quienes pueden perder su permiso.
Destacaron que hay riesgo de un posible encarecimiento de la electricidad y menores incentivos de inversión en el sector.
Comentaron que existe el peligro de que empresas extranjeras afectadas acudan a mecanismos de solución de controversias contemplados en el T-MEC o en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
“La modificación de las reglas en el sector mina la confianza de los inversionistas privados y le resta atractivo a México para los siguientes años, en un momento en que el país necesita esa inversión para mejorar su perspectiva de crecimiento”, apuntó.
Advirtieron que se necesitará que 33 por ciento de los legisladores respalde una acción de inconstitucionalidad, cuya resolución puede tardar desde tres meses, hasta años.
