Cancún, QR. El gobierno municipal de Benito Juárez (cuya cabecera es Cancún) desarticuló una red de corrupción conformada por al menos nueve funcionarios del ayuntamiento, quienes mediante procedimientos apócrifos despojaron de sus viviendas, principalmente de interés social, a unas 750 personas, informaron la alcaldesa morenista Mara Lezama Espinoza y la contralora Reyna Arceo Rosado.

“Se detectaron cientos de casos en que, inventando adeudos, duplicando escrituras y fingiendo actos jurídicos, se despojó a muchas familias de su patrimonio”, explicó Lezama Espinoza en un video difundido en redes sociales.

La edil agregó que hay suficiente información para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. “Es un aberrante caso de despojo de viviendas contra la gente que menos tiene”, reprobó.

Lezama Espinoza dijo que gracias a la denuncia de un ciudadano que solicitó apoyo a la contraloría del ayuntamiento se detectó que en la dirección de ingresos coordinados se organizaba el despojo de casas a familias “mediante trucos, engaños, falsedades y amenazas”.

Destituyen a implicados

Dijo que se integró un expediente con evidencias de quiénes están involucrados, “y una vez sustentadas con solidez las irregularidades cometidas se procedió, primero, a frenar estas acciones y luego a separar de sus cargos a las personas que podrían estar implicadas”.

Lo principal, aseguró la alcaldesa de Cancún, “por obligación moral, cívica y humana”, fue ayudar a la gente a que recuperara sus casas, y llamó a quienes puedan ser víctimas de “esta red de funcionarios corruptos” a revisar sus casos.

“El municipio que encabezo será tajante y no dudará en colaborar con las autoridades competentes para fincar las responsabilidades a fin de que estos actos no queden impunes”, puntualizó.

En conferencia de prensa, la contralora Arceo Rosado detalló que varios de los implicados trabajaron en las dos administraciones pasadas, encabezadas por Remberto Estrada Barba, del Partido Verde Ecologista de México (2016-2018), y Paul Carrillo Cáceres, del Partido Revolucionario Institucional (2013-2016), específicamente en la dirección de ingresos coordinados y cobranzas y de asistencia jurídica.

Indicó que al inicio de la presente gestión detectaron el problema cuando uno de los afectados acudió a la contraloría a exponer su situación, por lo que iniciaron una indagatoria que permitió identificar a los responsables, cuyos nombres no fueron revelados.

La funcionaria precisó que ocho familias han recuperado su patrimonio, 50 están en proceso y sólo en un día otras 15 presentaron las denuncias correspondientes.

(Con información de La Jornada Maya)