Las tres grandes agencias de calificación crediticia –Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings– tienen una “influencia excesiva” sobre las decisiones de préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana de los países, estableció Yuefen Li, experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Lejos de ayudar a la solución de las crisis, estas agencias, que controlan la evaluación sobre 92 de cada 100 dólares de deuda global, han contribuido a agravarlas. Por ello es necesario reformar “urgentemente” la arquitectura internacional de deuda, suspender la emisión de calificaciones de crédito durante crisis –como la de Covid-19– y revisar los criterios y operación de las calificadoras de riesgo crediticio, planteó.
Incorporar un enfoque en derechos humanos
“La reforma es crucial de cara a la profunda recesión y a una inminente crisis de deuda en 2021 en varios países en desarrollo”, advirtió la investigadora, quien apuntó la necesidad de que las agencias de calificación incorporen un enfoque de derechos humanos a su trabajo, dado que sus acciones repercuten en la capacidad fiscal de los países para invertir en protección social, alimentación, salud, educación o en políticas contra la pobreza y la desigualdad.
Yuefen Li expuso que además de la “influencia excesiva” que ostentan las calificadoras de riesgo, tienen responsabilidad en crisis previas –como la de 2008, con las hipotecas subprime– en las que mostraron problemas estructurales de operación, como el conflicto de intereses, y fracasaron en su razón de ser: prevenir riesgos crediticios.
“En lugar de sonar la alarma sobre posibles crisis de deuda, lo que significaría cumplir con su papel preventivo, estas agencias han actuado para exacerbar las crisis”, señaló la experta independiente. Además de que entre sus problemas de origen se cuenta la falta de rendición de cuentas y transparencia en sus evaluaciones, así como “decisiones viciadas” y oligopolio.
Y es que S&P, Moody’s y Fitch Ratings controlan más de 92 por ciento del mercado global. “La falta de competencia perpetúa conductas inadecuadas y suprime los incentivos para mejorar la calidad de las calificaciones crediticias. La supresión del oligopolio podría lograrse estimulando la entrada de nuevos actores en el mercado, incluyendo agencias de calificación crediticia de propiedad pública”, considera el informe de Li.
Como contexto, iniciada la crisis de Covid-19, las empresas de evaluación crediticia redujeron la calificación en decenas de países. Con ello encarecieron el costo del financiamiento para economías que intentaban buscar recursos en los mercados internacionales para atender la emergencia sanitaria. “El impacto de rebajas de calificación de países en desarrollo puede ser enorme”, recalcó Yuefen Li.
