La aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica viola derechos humanos como el de acceso a la participación conforme al recién ratificado Acuerdo de Escazú, a la salud y al medio ambiente sano, sobre todo de los sectores más vulnerables, además de retrasar aún más el cumplimiento de México a los acuerdos internacionales en combate al cambio climático, advirtió el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire.

Señaló que la también conocida como Ley Combustóleo, aprobada en el Senado, en una sesión convocada de última hora se caracterizó por la ausencia de diálogo con expertos, jóvenes y sociedad civil, pues no se convocó al ejercicio de Parlamento Abierto.

La Ley llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles, como el carbón, el gas natural y el combustóleo para generar electricidad, las cuales dañan de manera severa la salud de la población, el medio ambiente y compromete el futuro de la niñez en México, haciendo a un lado la transición energética justa y con enfoque de derechos humanos por la que el país debería avanzar, señaló.

En un comunicado, recordó que estudios indican que tan sólo la contaminación por combustóleo de la termoeléctrica de Tula, sería responsable de 14 mil muertes prematuras en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto debido a que funciona con combustóleo y ese es uno de los combustibles fósiles que se alienta a partir de la reforma aprobada vía “fast track” por mayoría en el Senado, en tanto que se estigmatiza a las energías renovables, bajo el argumento de que han sido usadas por empresas particulares para defraudar al Estado.

Consideró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debería asumir un rol protagónico en la transición energética justa, renovable y con enfoque de derechos humanos que el país necesita y apuntalar hacia la soberanía energética desde un modelo que garantice el derecho a un medio ambiente sano a las generaciones futuras.

“El daño aún puede ser revertido. Es momento de priorizar nuestra salud, la niñez, la juventud y la agenda social. La única forma es garantizar el derecho a un medio ambiente sano y evitar la catástrofe climática, evitando una mayor penetración de fuentes contaminantes, como el combustóleo y el carbón. Para asegurar nuestro consumo energético y depender menos de la importación de combustibles, México debe incrementar sustantivamente la participación de las energías renovables, y el gobierno debe asumir esa responsabilidad de manera integral y sustentable, tal y como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución”, señaló el observatorio, integrado entre otras organizaciones por Greenpeace e Iniciativa Climática de México.