León, Gto. A casi cuatro meses de la muerte por intoxicación de cinco trabajadores en la planta de tratamiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), sus familiares reprocharon que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha deslindado responsabilidades.

Añadieron que no han recibido trato digno y justo y en cambio acusan indolencia, revictimización e irregularidades en el proceso de investigación por parte de las autoridades.

La noche del 13 de noviembre de 2020 Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera fallecieron intoxicados —con ácido sulfhídrico— en el Módulo de Desbaste de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Las víctimas trabajan en instalaciones en malas condiciones, sin capacitación, ni equipo de protección, recalcaron los familiares.

A partir del 22 de septiembre el Sapal comenzó a operar la planta porque no renovó la concesión a ECOSYS III, a raíz de que la empresa reconoció que la planta tenía fallas por recibir “aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas”.

El equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, denunció ECOSYS en agosto de 2020.

El representante de la agrupación Acción Colectiva, Gustavo Lozano Guerrero, recriminó que las autoridades de León operen en una “lacerante impunidad” y que no den un trato digno, ni justo a las familias.

“Los familiares no han logrado encontrar una instancia confiable ni en el Sapal, ni en el gobierno municipal de León, ni en la Fiscalía General del Estado que responda de manera satisfactoria a sus derechos como víctimas”, expuso.

En tanto, el alcalde de León, Héctor López Santillana, y el presidente de Sapal, Jorge Ramírez Hernández, se han negado a recibir a los familiares, a quienes les ofrecen indemnizaciones entre 30 mil y 150 mil pesos, que corresponden a la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional y a tres meses de salario.

“Hemos intentado llegar a un acuerdo con Sapal, pero me han dicho que lo único que quiero es dinero”, explicó Guadalupe de los Milagros, viuda de José Salvador Afanador.

"¿Cuánto quieres?, ¿para ti cuánto es lo justo?, han cuestionado funcionarios de Sapal a Guadalupe, quien comentó que les ha respondido que “lo justo era que me lo regresara a él.

“Ellos solo se burlan de nosotros, a mí no me importa hasta donde vamos a llegar, lo único que quiero es justicia”, externó.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado —a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre— no ha deslindado responsabilidades al integrar una investigación deficiente, que parece que tiene la intención de proteger a los funcionarios del Sapal, acusó Luis Ángel Briseño Rangel, hermano de Víctor Ricardo Briseño.

El doctor en ciencias forenses, Enrique Pérez Ramos, evidenció el deficiente trabajo del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense (Semefo), que hasta el momento no han podido aclarar la causa de la muerte.

El levantamiento de los cuerpos no los hizo el MP, ni el médico legista, los hizo el chofer del anfiteatro, “no les interesó dar fe de la perdida de vidas humanas, eso no se vale” apuntó.

No se embalaron los cuerpos, las ropas, no recabaron material sensible significativo, no analizaron vísceras, cerebro, ni órganos, solo tomaron muestras de sangre, señaló el doctor.

“La ciencia forense es la ciencia del detalle al máximo, esto —las deficiencias— hace que se dificulte la impartición de justicia”, remarcó.