Guadalajara, Jal. La recomendación 40VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida a finales de noviembre de 2020 contra el centro educativo Juan Ruiz Cabañas por la violencia sexual cometida contra 10 niñas y cinco niños de entre cuatro y cinco años de edad, continúa sin ser atendida por las autoridades de Jalisco.

La asociación civil Por Nuestros Niños, que ha dado seguimiento a este caso, calculó que la violencia sexual contra los menores del jardín de niños, ubicado en San Nicolás de Ibarra, municipio de Chapala, que se hizo pública desde 2017, al menos incluyó a 60 alumnos.

“La CNDH pidió al gobernador del estado (Enrique Alfaro) que haga la reparación integral del daño de las víctimas y de las personas ofendidas; que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aplique los protocolos para los casos de abuso sexual y se inicien las carpetas de investigación que de alguna manera no se ajustaron a los protocolos”, expuso Gustavo Pimienta, asesor jurídico de la asociación.

La CNDH le solicitó al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, indague por “negligencia y falta de probidad” a los funcionarios de su dependencia que, ante las denuncias, no realizaron la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La regidora de Chapala, Edith Gisela González, quien preside la comisión de derechos humanos en el ayuntamiento, expresó que a la fecha y ante la falta de respuesta y atención a las víctimas, aún hay niños que se lastiman a sí mismos.

“Vemos la descomposición social que pasa en Chapala, sitio turístico donde hay muchos casos de abuso sexual de niños por sus padrastros o padres, así como por denuncias de menores que vienen de pueblos como Mezcala a vender chayotes, quienes dicen que hay estadunidenses que se los llevan en sus automóviles, pero no lo hemos podido comprobar”, reconoció.

La presidenta de Por Nuestros Niños, María Antonieta Flores Astorga, afirmó que la recomendación de la CNDH demostró que los niños y padres que denunciaron los abusos, con fotografías y videos que les tomaron desnudos, tenían la razón.

“Los funcionarios no aplicaron la ley de protección infantil, ni a las madres ni a los infantes se les tomó con seriedad, pese a ser un delito muy grave”, acusó.

Adopción, en litigio

La asociación también denunció casos de madres que fueron despojadas de sus hijos por el DIF Chapala, como el de Maricruz Nucamendi, quien dijo que en 2013 por su precaria situación económica dejó a sus hijos bajo la custodia del DIF. Y cuando trató de recuperarlos se encontró con diversos obstáculos burocráticos, el principal de ellos, contra una de sus hijas, que no ha podido recuperar porque, sin su consentimiento, las autoridades “aparentemente” la dieron en adopción a una pareja estadunidense residente en Chapala.

El abogado Gustavo Pimienta expuso que debido a que una de las niñas que dejó Nucamendi tenía entonces apenas tres meses de edad, le iniciaron un procedimiento por abandono de persona y maltrato infantil, así, el DIF de Chapala, apoyado por el DIF estatal, a través del hoy extinto Consejo Estatal de la Familia, entregaron a la menor a un hogar de acogida con los estadunidenses, con quienes la niña –que incluso no habla español– continúa viviendo con ellos.