El foro de discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), realizado en el Senado, fue ayer escenario de reclamos de organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición forzada y del enfrentamiento entre los representantes de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero y de la Secretaría de Gobernación (SG).

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SG, Alejandro Encinas, rechazó que esa dependencia pretenda dar instrucciones a la FGR y pidió dejar atrás “una visión anacrónica, de una institución rígida y vertical, que se coloca por encima de los demás órdenes de gobierno para evadir su responsabilidad con los desaparecidos, que suman ya 83 mil 858”.

Lo anterior, en respuesta al coordinador de asesores de la FGR, Óscar Langlet, quien sostuvo que la discusión de esa reforma desafortunadamente se ha centrado en torno al tema de los desaparecidos “para justificar que la FGR deba seguir instrucciones de la SG”.

Todo lo que pretenden, aseguró, es “dictarle líneas de investigación, persecución y políticas criminales” a la fiscalía.

Perpetuar subordinación

Langlet esgrimió la autonomía de la FGR e insistió en criticar a quienes se oponen a que la fiscalía deje de participar en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. “Tratan de mantener y perpetuar aquellos mecanismos que mantienen a la institución como parte de diversos órganos y mecanismos, bajo el mando de organizaciones del gobierno federal”.

El subsecretario Encinas contestó que tal postura es un regreso al pasado y señaló que, por supuesto, “queremos una fiscalía fuerte, que por fin cumpla con su responsabilidad y acabe con esta impunidad que existe en el país, donde 98 por ciento de los delitos no se castigan, pero también queremos efectividad para que, poniendo en el centro a las víctimas y a las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos, podamos trabajar de manera conjunta”.

Encinas resaltó que “se pretende eliminar la responsabilidad de la FGR con los mecanismos que están establecidos, ya no solamente en materia de desaparición de personas, sino de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, contra la tortura, la trata de personas y otros esquemas donde tenemos corresponsabilidad de la fiscalía”.

En su turno, Langlet aseveró que no hay regreso al pasado y que esa fiscalía diariamente colabora con todos los órganos del Estado, particulamente en la desaparición de personas. El caso más emblemático, dijo, es Ayotzinapa.

En su intervención, Encinas recalcó que es un ejemplo exitoso porque ha habido concurrencia de poderes; la Comisión presidencial para la Justicia en el caso de Ayotzinapa y la Unidad especializada para la investigación que tiene la FGR participan de manera conjunta.

Veinticuatro integrantes de colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada demandaron a los senadores que haya realmente una sesión de parlamento abierto para que se escuchen sus demandas. La sesión de ayer la consideraron un mero foro de discusión al que no fueron invitados todos los afectados.

Hubo también confrontación de posturas entre senadoras de Morena. Jesusa Rodríguez se sumó a las demandas de las víctimas y pidió que sus planteamientos sean escuchados, mientras su compañera de bancada Lucía Trasviña consideró que el dictamen se apruebe en sus términos.